A 10 años del fallo de la Corte Aumentó el uso de drogas y sólo en la Ciudad se abren 43 causas al día por tenencia para consumo.

El 25 de agosto de 2009, el máximo tribunal declaró inconstitucional que se castigue tener estupefacientes para utilización personal. Qué cambió y qué no desde entonces.

"Pasaron 10 años del Fallo Arriola, aquel en el que La Corte Suprema despenalizó la tenencia de droga para consumo personal". A pesar de la repercusión que tuvo la sentencia, recibida con entusiasmo por algunos sectores y alarma en otros, poco parece haber cambiado desde entonces. Las cantidad de causas contra “perejiles” sigue creciendo y también el consumo. El fallo declaró inconstitucional parte del artículo 14 de la “Ley de Drogas” N° 23.737 en el que se castiga la tenencia para uso personal, en un caso contra cinco jóvenes detenidos en Rosario en 2006 con cigarrillos de marihuana. “El artículo 19 de la Constitución Nacional constituye una frontera que protege la libertad personal frente a cualquier intervención ajena, incluida la estatal. No se trata sólo del respeto de las acciones realizadas en privado, sino del reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea”, argumentó en su voto el entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Una década después, la cantidad de causas por un porro, una dosis de cocaína u otra droga ilegal se mantiene. Las estadísticas de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) indican que en 2018 hubo en todo el país 22.321 causas iniciadas por infracción a la Ley 23.737 en el fuero federal. El 37% de ellas fueron por tenencia para consumo personal y otro 7% por tenencia simple –cuando no puede acreditarse que la sustancia que le encontraron a una persona era para consumirla, almacenarla, ni venderla. No obstante, como distritos como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Capital Federal, entre otros, desfederalizaron las investigaciones por venta minorista de sustancias, cada una tiene sus propios datos. En la Ciudad, la Policía y la Justicia porteñas tienen competencia en causas por narcomenudeo desde el 1° de enero pasado. Desde entonces y hasta el 31 de julio ingresaron a las Fiscalías de la Ciudad 13.153 causas por drogas, más de las que había comenzado el fuero federal en todo el 2018 (12.008). Dentro de ese total, el 68% fueron por consumo personal, un promedio de 43 por día. El 7% restante fue por tenencia simple y el 22% por comercialización. “Las causas por consumo terminan archivadas porque aplicamos el criterio de principio de oportunidad”, dijo a Clarín el fiscal general porteño Luis Cevasco, quien en junio fijó un límite de tres dosis de droga como referencia para determinar cuándo se trataba de un caso de “tenencia para consumo”. No obstante, explicó que “no hay un criterio de cantidad” ya que se debe analizar la situación. “No perseguimos al consumidor. Trabajamos para desarticular organizaciones delictivas”, dijo y apuntó que ya hubo 172 condenas, 290 probations y 23 expulsados del país. Cevasco señaló que en los casos de tenencia para consumo, una vez que se archiva la causa, “a la persona no le queda un antecedente penal, ya que no ha sido imputada”. Sobre el incremento en la cantidad de causas que se iniciaron en la Ciudad, el subsecretario de Justicia porteño, Hernán Najenson, detalló que la Policía de la Ciudad demoró a 9.038 personas por tenencia de drogas, de las que terminaron procesadas 1.754 por "tenencia simple" y "para comercialización".

"Hay una Policía más atenta a lo que pasa en el espacio público, con más presencia y predisposición para actuar. Si bien no se trata como un delincuente al que consume, tampoco se hace la vista gorda con lo que pasa en la calle. Sin embargo, se avanza sobre las causas que realmente generan peligro para la sociedad", aseguró Najenson. Hace diez años, los ministros de la Corte también exhortaron “a todos los poderes públicos a asegurar una política de estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores". Pero los datos oficiales de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar) indican que en este tiempo aumentó el consumo de drogas legales (alcohol, tabaco y psicofármacos) e ilegales (marihuana, cocaína y sintéticas). "Hubo una tasa de incremento entre 2010 y 2017 de alrededor del 100%. Cuando preguntamos quiénes habían consumido en el último año, encontramos que en relación a 2010, pasó de 3,2 a 7,8, hablando sólo de marihuana. Esto sobre 1,5 millón de personas en población de 12 a 65 años, en medios urbanos", dijo a Clarín María Verónica Brasesco, directora nacional del Observatorio Argentino de Drogas de la Sedronar. "El aumento relativo fue mayor en las mujeres, si bien incluso hoy hay más varones consumidores, en ellos la cifra se duplicó, mientras que en ellas se triplicó", afirmó. La funcionaria admitió "preocupación" por el aumento del consumo "abusivo y frecuente de marihuana" en la franja de 18 a 24 años. Para conmemorar los 10 años del fallo Arriola, distintas organizaciones realizaron una jornada de debate en el Senado, el martes pasado. Uno de los que disertó fue Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte que votó en aquella sentencia. "A 10 años del fallo Arriola creo que ha cambiado poco la política criminal y la política general en materia de consumo de tóxicos en el país --dijo el ex juez--. La ley sigue vigente, los jueces la consideran constitucional o inconstitucional como quieren y (las causas) tienen que llegar de nuevo a la Corte". Leandro Halperín, legislador porteño (Evolución) y autor de un proyecto para legalizar el cannabis con fines medicinales en Capital, también participó de la jornada. En diálogo con Clarín, sostuvo que en el fallo Arriola "la Corte no despenalizó el consumo de drogas y ahí hay una confusión: declaró inconstitucional para ese caso esa ley. Y le recomienda a los otros poderes del Estado que la modifiquen porque no da resultado". Sobre la naturaleza de la sentencia, Halperín dijo que "esa inconstitucionalidad plantea una matriz, que es que el Estado no tiene derecho a decirte cómo vivir. El Estado te tiene que dar herramientas para que vos elijas cómo vivir y recomendarte modelos de vida".

A continuación la opinión sobre el tema del Staff Profesional de nuestra Fundación. La elección de esta noticia que saliera publicada el domingo pasado en el diario Clarín, tiene que ver con que en ella se mencionan cuestiones que, si bien posiblemente ya las hemos enunciado en otras oportunidades, son necesarias resaltar para poder demostrar cómo los medios de comunicación construyen una idea del fenómeno que nos ocupa que no necesariamente se ajusta a la realidad, más aun teniendo en cuenta que ya desde su título muchas veces, como en este caso, nos ponen una señal de alarma. Pero empecemos a desgranar un poco la cuestión: En primer lugar, el comienzo de la misma es un tanto confuso, señala que "Pasaron 10 años del Fallo Arriola, aquel en el que La Corte Suprema despenalizó la tenencia de droga para consumo personal"., afirmación que no es real, ya que tal despenalización no existió (ni existe). Más abajo aclara que en realidad lo que hizo el fallo mencionado fue declarar la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley 23737 ya que es contrario al artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, que garantiza que "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe". Sin embargo, al día de hoy la Ley de Estupefacientes, no ha sido modificada en ninguno de sus artículos, ni siquiera en éste que fue cuestionado, y actuar según su letra o el fallo de la Corte queda a criterio de cada Juzgado. Esto queda claro, cuando en la misma nota se señala que la mayoría de las detenciones (75%), aun al día de hoy, continúan siendo por tenencia para consumo personal (68%) o tenencia simple (7%) y sólo el 22% es por comercialización, no aclara la nota a qué corresponde el 3% que falta, pero podríamos asumir que es más probable que esté entre los primeros casos. Estos datos también demuestran que la lucha contra el narcotráfico, tantas veces mencionada y publicitada, no es tal ya que las detenciones poco tienen que ver con esta actividad. Y podríamos pensar también, si ese 22% es verdaderamente "el narcotráfico"; muchas veces quienes son detenidos por estos delitos suelen ser consumidores que venden para poder sostener su propio consumo o personas que encuentran dentro de este mercado ilegal una forma de supervivencia frente a la imposibilidad de otra inserción laboral. El verdadero narcotráfico, más tiene que ver con cuestiones que lejos están de las calles, del "espacio público" donde, como dice el artículo, actúa la policía, sino en espacios menos controlados, donde es posible realizar lavados de activos, cuestión de la que poco se habla. Otro punto interesante, es aquel en el que se menciona que existe un aumento del consumo de sustancias, tanto legales como ilegales. Como ya hemos mencionado en más de una oportunidad, el hecho de haber consumido alguna sustancia en el último año (que es a lo que hace referencia la noticia), no está hablando de que exista un consumo problemático de aquellas. Podemos afirmar sin ninguna duda que, tanto quienes realizaron la encuesta, quien suscribe la nota, como nosotros o quienes estén leyendo estas líneas, consumimos alguna sustancia (legal o ilegal) en el último año y eso no significa que tengamos una adicción o vayamos a desarrollarla indefectiblemente. Es necesario que podamos hacer una lectura crítica de los datos que nos ofrecen las encuestas (todas ellas) ya que muchas veces suelen ser usadas como golpe de efecto. Y en relación al tema de los golpes de efecto, un último comentario, no es casual que la nota elija poner en un recuadro el caso de Uruguay, pero no para resaltar el tema de la despenalización, sino el aumento de hechos delictivos desde que ella se aplicó. El título alarma "En Uruguay hubo un 45% más de homicidios", como ya mencionamos en su momento, y como luego dice el recuadro, estos tienen que ver con luchas por un mercado (el ilegal) que se vio reducido frente a la política establecida por el vecino país.