Ni estigma, ni negación: cómo llamar a las cosas por su nombre en el campo de la Salud Mental.

De eso sí se debe hablar, pero con propiedad. Si una de cada cuatro personas tendrá un trastorno mental en algún momento de su vida, este no puede ser un tema tabú en la comunicación pública.

Esta es la convicción detrás de la iniciativa de dos médicos psiquiatras argentinos, Ricardo Corral y Pedro Gargoloff, plasmada en el manual Las Palabras importan. ¿Cómo comunicar temas de Salud Mental?, texto enriquecido con los aportes de colegas de la región: Roberto Sunkel, de Chile, José Ordóñez, de Ecuador, Rodrigo Córdoba, de Colombia, y Mirna Santos, de Guatemala.

Las Palabras importan fue presentado en una Cumbre Latinoamericana de Salud Mental que tuvo lugar esta semana en Cartagena de Indias, Colombia, con la presencia de casi todos sus coautores y periodistas de varios medios de la región que son en definitiva los principales destinatarios del mensaje de estos médicos dedicados a una de las especialidades más duras y que más empatía con el prójimo exige, pues se trata del alma y la mente humanas.

En palabras del doctor Corral, “si no es vocacional, no es buena salud”. Es la empatía, el amor al prójimo, lo que lleva a querer curarlo o al menos aliviar los síntomas de su enfermedad.

La preocupación por cómo evitar la estigmatización al comunicar noticias relacionadas o protagonizadas por personas con enfermedades mentales no lleva a estos profesionales a proponer el silencio; todo lo contrario. “En los medios de comunicación debiera existir una firme decisión de tratar temas de salud mental” -dice el manual-, de que éstos “tengan un espacio en la agenda de los medios”, incluso “permanente”, para la “divulgación de temas prioritarios vinculados al área de salud mental” y que hasta incorporen “los testimonios de los pacientes con trastornos mentales y de sus familiares”.

Pedro Gargoloff, docente, investigador, autor de libros de la especialidad y ex asesor de la Dirección Nacional de Psiquiatría y Salud Mental de Argentina, es también uno de los impulsores y animadores de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen Esquizofrenia (AAFE), con sede en La Plata, y dio testimonio de la importancia que tiene para los enfermos y sus familias el poder respaldarse en la experiencia y el acompañamiento de los demás y descubrir que la enfermedad o el trastorno mental no es algo “infrecuente, ocasional o aislado”, sino que se trata de problemas que afectan al 25 por ciento de la población, según datos de la OMS.

La pandemia y los efectos colaterales del largo encierro incrementaron en al menos 25 por ciento el número de personas que sufren trastornos mentales, a la vez que éstos representan el 12,5 por ciento de todos los problemas de salud. Sin embargo, del lado del tratamiento, la realidad es muy diferente, ya que a nivel mundial entre el 35 y el 50 por ciento de las personas con enfermedades o trastornos mentales no recibe ningún tratamiento o no recibe el adecuado.

Y, a pesar del impacto de la enfermedad mental en la discapacidad y en el acortamiento de la expectativa de vida -por caso, el 90% de los suicidas tienen un trastorno mental subyacente-, los presupuestos destinados a esta área de la salud son inversamente proporcionales a la necesidad: representan el 3 por ciento en promedio de lo destinado a la salud en general. Sin embargo, como afirmó uno de los expositores en Cartagena, “no hay salud sin salud mental”.

Partiendo de una valoración del papel que pueden jugar los medios -generar una agenda que interpele a los políticos y contribuir a crear conciencia en la población a través de una divulgación adecuada- y en esa perspectiva formulan algunas sugerencias para la comunicación u ofrecen definiciones de algunos términos de la psiquiatría que despejan dudas frecuentes.

Por ejemplo, entre “enfermedad mental”, “trastorno mental” y “padecimiento mental o psíquico”, ¿cuál es el término correcto? Los autores descartan “padecimiento”, término con el cual se “ha pretendido sustituir las palabras enfermedad y trastorno mental, siendo su uso inapropiado” porque refiere a las consecuencias o impacto de los primeros.

“Enfermedad mental” es lo correcto en los “procesos patológicos en los que la pérdida de salud tiene una causa orgánica conocida o sospechada”, como podría ser la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la demencia; mientras que “trastorno mental” sería la expresión de uso más frecuente, aplicable a “una alteración genérica de la salud, sea o no consecuencia directa de una causa orgánica evidenciable o sospechosa, en la que los determinantes psicosociales tiene un rol en su génesis y evolución”, por ejemplo, trastorno depresivo, esquizofrenia, trastorno bipolar.

Más en general, la principal preocupación es evitar el estigma que viene unido a la etiqueta psicótico, enfermo mental, trastornado, esquizofrénico, bipolar, etc, que los autores de Las Palabras importan sugieren reemplazar por la expresión persona con problemas o con trastornos de salud mental, o con esquizofrenia. El impacto y la dinámica de las noticias y titulares no siempre se lleva idealmente bien con este tipo de formulaciones; pero de lo que no cabe duda es de que, en los acontecimientos en los que está involucrada una problemática de salud mental, la precisión en los términos es esencial y a eso contribuye este manual, y la consulta a los expertos.

Los autores insisten también en la necesidad de no vincular la peligrosidad o la violencia con la enfermedad mental, un tema que generó algunas objeciones entre los asistentes al panel, considerando los casos que se suceden y son noticia. La respuesta de los profesionales fue que, según la estadística, estas personas suelen ser más víctimas que victimarios en hechos de violencia y, más importante aún, que si están en tratamiento la probabilidad de un hecho violento es casi nula.

Esto se relaciona con el bajo porcentaje de diagnósticos lo que a su vez deriva en baja cobertura de tratamientos; otro aspecto que una buena divulgación podría mitigar. En particular considerando el tabú que rodea el trastorno psiquiátrico que favorece aún más la natural tendencia a la negación de la enfermedad, característica en estos pacientes.

Otro tema clave en la comunicación es el vínculo entre trastorno mental y adicciones, casi siempre eludido o negado en la conversación pública.

“Las adicciones no pueden ni deben verse por fuera de la salud mental”, afirmó el doctor Ordoñez, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría y especialista en drogodependencia, entre otros, ante la consulta. Y enumeró tres situaciones: un trastorno mental puede favorecer el consumo en la persona; pueden ir ambos problemas en paralelo; y una adicción a estupefacientes puede llevar a trastornos mentales.

“Está claro que los trastornos por consumo de sustancias son parte de la salud mental; son trastornos y deben ser tratados como tales”, coincidió Rodrigo Córdoba, ex presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, mientras que Roberto Sunkel, especialista en Psicogerontología, lamentó que en Chile el debate sobre la legalización se lleve adelante sin la participación de los médicos: “Lo ven como un problema de seguridad pública antes que de salud”.

Pedro Gargoloff advirtió que no está adecuadamente informado el riesgo, el impacto, que el consumo de cannabis -según la mayor o menor presencia de ciertos componentes peligrosos- tiene respecto de trastornos como la esquizofrenia. Y Ricardo Corral apuntó al hecho de que no existe una legislación para prohibir la propaganda de consumo de alcohol -como sí la hay del tabaco. “¿Cómo lo permite el Estado? -preguntó- No hay que prohibir pero tampoco promocionar”.

De la elaboración de Las palabras importan participaron también los doctores Catalina Obarrio, Martina Sobrero, Ana Clara Venancio, Marcos Yovino y Marianela Suárez, y AAFE. El libro fue prologado y auspiciado por Upjohn, división de Pfizer dedicada a las enfermedades no transmisibles (ENT).

Fallo histórico: para la Corte es inconstitucional castigar a los presos que tienen drogas para consumo personal.

Los jueces del Máximo Tribunal pidieron que Casación revise la condena a un preso que, en 2017, fue descubierto en su celda con ocho cigarrillos de marihuana. Aseguraron que se violó su intimidad y que tener drogas en la cárcel no necesariamente afecta a terceros.

En un fallo que podría considerarse histórico, la Corte Suprema de la Nación definió que no se puede castigar a un preso por tener drogas para consumo personal en su celda. En línea con los célebres fallos “Bazterrica” (1986) y “Arriola” (2009), los jueces del Máximo Tribunal consideraron que criminalizar a un usuario de estupefacientes, aun privado de su libertad, es por parte del Estado una intromisión en la libertad del consumidor, protegida por el artículo 19 de la Constitución.

El caso tiene origen en noviembre de 2020, cuando el juez Pablo Andrés Seró, del Juzgado Federal N° 1 de Paraná, condenó a Marcelo Daniel Selvini a dos meses de prisión por considerarlo autor del “delito” de tener ocho cigarrillos de cannabis en su poder.

Los “porros” fueron hallados el 18 de julio de 2017 durante una requisa de rutina del Servicio Penitenciario dentro de la Unidad Penal 7 de Gualeguay, Entre Ríos, en el Pabellón 2, donde el imputado cumplía una condena por otro hecho. Salvini los tenía escondidos en un teléfono celular.

Tras la condena, el defensor oficial de Salvini en el juicio, Alejandro Joaquín Castelli, presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal y pocos meses después, el recurso fue rechazado. Para sostener esa negativa, los jueces Liliana Catucci y Eduardo Rafael Riggi –Juan Carlos Gemignani votó en disidencia-, consideraron que la cárcel es un ámbito donde la conducta de Salvini trascendía inevitablemente la privacidad que protege el artículo 19 de la Constitución.

Con una mayoría conformada por el voto conjunto de Rosenkrantz y Guillermo Antelo (conjuez designado para integrar el Tribunal debido a la ausencia de mayoría) y el voto concurrente de Lorenzetti, la Corte finalmente revocó la resolución de Casación y mandó de nuevo la causa a ese tribunal para que allí se dicte una nueva sentencia.

Sostuvieron así la decisión con la referencia a un fallo similar, de septiembre del año pasado, contra Héctor Ismael Rodríguez, donde a pesar de que el preso fue castigado por la tenencia de drogas en la cárcel estos dos supremos se opusieron, con “Arriola” y “Bazterrica” como referencia. Ambos sostuvieron aquella vez que la doctrina citada en esos dos famosos fallos es aplicable aun si la tenencia ocurre dentro de una cárcel.

“Cuando se trata de drogas en pequeña cantidad y la tenencia o el consumo no son visibles u ostensibles, (el castigo) es inconstitucional porque constituye una intromisión por parte del Estado en el ámbito de la privacidad protegido por el art. 19 de la Constitución Nacional sin que haya una justificación razonable que muestre que ello es necesario para proteger los bienes jurídicos que la norma penal puede legítimamente apuntar a preservar”, votó Rosenkrantz en aquel momento.

Ese caso fue prácticamente idéntico al de Salvini. Héctor Rodríguez estaba detenido en la Unidad Penal N° 2 de Gualeguaychú, también en Entre Ríos, y el Servicio Penitenciario secuestró de su colchón, en el traslado a otra unidad, 16 cigarrillos armados con apenas 4,14 gramos de marihuana. La justicia federal de Paraná condenó a Rodríguez a dos meses de prisión de cumplimiento efectivo por tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Para los jueces de la Corte ni la salud, ni la seguridad ni el combate al narcotráfico -los intereses que supuestamente defiende la ley de drogas, en vigencia desde 1989- están puestos en cuestión ni se vieron afectados por Salvini. Y remarcaron que no es relevante dónde tuvo lugar esa conducta, si en un ámbito público o privado.

En ese sentido comentaron que en el caso del músico de los Abuelos de la Nada, Gustavo Bazterrica, se lo detuvo por una ínfima tenencia de drogas dentro de su casa y en el caso Arriola los cinco imputados fueron detenidos con cannabis en su poder mientras caminaban por la calle. Así todo, la Corte falló en contra de la penalización en ambos casos.

En su crítica al rechazo de Casación en el caso Rodríguez, Rosenkrantz aclaró que las personas privadas de su libertad no pierden todos sus derechos por el solo hecho de estar presos, lo que les permite exigir que se respete su privacidad igual que cualquier persona.

Es un voto que se distingue, por ejemplo, del que emitió el Procurador Eduardo Casal hace unos años en un caso similar, cuando dictaminó que “la tenencia de droga en establecimientos carcelarios nunca es una acción privada” y que las cárceles son “establecimientos destinados al alojamiento obligado de personas que deben convivir en espacios compartidos, es decir, en condiciones tales que hacen que sea prácticamente imposible que la tenencia, y más aún, el consumo de estupefacientes puedan no tener trascendencia a terceros”.

Para el magistrado, Arriola “protege un ámbito de libertad personal de alguna manera ligado a la auto-determinación que debe estar fuera del alcance del reproche estatal”. Rosenkrantz citó al ex juez de la Corte Enrique Petracchi: “La caracterización más perspicua de esa idea aparece en las palabras del juez Petracchi, que conviene citar nuevamente: toda persona goza del derecho de ser dejada a solas por el Estado para asegurar la determinación autónoma de su conciencia”.

El tan comentado artículo 19 de la Constitución, citado en Arriola y Bazterrica, y ahora en este caso Salvini, dice que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.

Para Lorenzetti, justamente, “no se trata sólo del respeto de las acciones realizadas en privado, sino del reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea”.

El magistrado entendió que está descartado que la tenencia de marihuana tuviese destino de distribución o que haya tenido trascendencia en terceros, por eso consideró que la ley de drogas (concretamente el segundo párrafo del cuestionado artículo 14) “no puede encontrar sustento en la circunstancia de que la tenencia de estupefacientes para consumo haya tenido lugar dentro de un establecimiento carcelario. Pues aunque resulta evidente que la privación de libertad conlleva, necesariamente, una restricción a la autonomía personal y al derecho a la privacidad de las personas que la sufren, en modo alguno puede considerarse que importe la pérdida definitiva de dichos derechos”.

A continuación la opinión del Staff Profesional de nuestra Institución.

Más allá de los que lo hacen, en este asunto es coherente con el fallo Basterrica y otros que avalan estas posturas, más allá de las opiniones ignaras que creen que esto va en contra de la prohibición, que es inconstitucional, habida cuenta que el artículo 19 de la Constitución, impide que los actos privados, sean materia de los gobernantes, dado que es un acto de decisión personal, si no ofende la conducta pública, si no se hace como un acto de difusión o exhibición y este es el punto. No siendo público, no es lesivo para la conducta estatuida.

Rosario: referentes sociales denuncian que hay chicos de apenas 8 años que consumen cocaína.

El dato fue brindado por el referente de la Pastoral Social de Drogadependencia del Arzobispado de la ciudad, Fabián Belay. Exigen nuevas políticas públicas y un registro estadístico confiable. El jueves se hará una marcha para reclamar medidas al respecto.

Diversas organizaciones sociales y agrupaciones religiosas preparan para el próximo jueves una marcha en Rosario para dar visibilidad al grave peligro que atraviesan los adolescentes y los niños respecto al consumo de drogas de la ciudad.

El trasfondo de la convocatoria es muy preocupante. De acuerdo a los especialistas y a los líderes religiosos de las zonas más vulnerables de la ciudad santafesina, se registraron en el último semestre casos de niños de apenas 8 ó 9 años atrapados por la drogadicción y el consumo de cocaína.

Los líderes de los programas de lucha contra el consumo indicaron que durante los dos años de mayor grado de confinamiento por la pandemia de Covid-19 se incrementó el acercamiento de los menores de 18 años a las drogas y que las autoridades de sanidad pública no están tomando dimensión del problema que se avecina.

“El consumo es cada vez más precoz. Nos han llegado a comentar de pibes que toman cocaína a los 8, 9 años”, aseguró el sacerdote Fabián Belay, uno de los referentes de la Pastoral Social de la Drogadependencia de Rosario, en declaraciones al diario La Capital.

“Queremos una justicia que tenga una mirada restauradora con los pibes que delinquen y consumen, para que puedan salir adelante y dejen de ser el material descartable”, agregó el cura.

La Pastoral Social de la Drogadependencia, junto a otras organizaciones sociales, comandará el próximo jueves la marcha denominada “Ni un pibe menos por la droga”. La cita es en la plaza Montenegro, en las calles San Luis y San Martín, el próximo jueves a las 15 horas.
La idea es que, durante la manifestación, la Pastoral y otras organizaciones barriales difundan una serie de medidas que le exigirán tomar al Gobierno provincial y a los dirigentes de la propia ciudad en el transcurso de este año.

El gran foco de la lista de consignas a realizar radica en el planteamiento de políticas públicas sustentables y con objetivos marcados a largo plazo.

Entre algunas de las medidas se pedirá el refuerzo de contrataciones en la sanidad pública en cargos como psiquiatras, psicólogos, enfermeros, médicos clínicos y trabajadores sociales, entre otros.

Asimismo, se les pedirá a las figuras políticas que no utilicen el narcotráfico para ensanchar la grieta ideológica y política existente en la ciudad y que las mejoras se sustenten en una inclusión de ese grupo de adolescentes de riesgo dentro de la sociedad.

“No sabemos las consecuencias de lo que está dejando esto en distintos barrios de la ciudad a nivel neurológico, social, clínico y psicológico. Hoy no hay estudios serios y creemos que la Universidad Nacional de Rosario podría aportar; necesitamos que pueda elaborar una estadística”, explicó Belay, quien lamentó que en la actualidad no hay cifras confiables sobre el flagelo del consumo de drogas entre los menores de edad en Rosario.

“Necesitamos que todas las organizaciones sociales, instituciones civiles y religiosas sean convocadas para la elaboración de estas políticas”, agregó.

El sacerdote deslizó duras críticas al Poder Judicial de Santa Fe, al que acusa de tratar a los menores de edad con problemas de adicciones como un deshecho y que una vez que estos chicos son derivados a las cárceles o reformatorios, ya nunca pueden escapar de ese sistema.

“Muchas veces en el ámbito de la Justicia muchos de nuestros chicos, niños, adolescentes y jóvenes de barrios carenciados son tomados por el sistema delictivo y usados como material descartable, que terminan siendo desechados en las cárceles y en los cementerios”, afirmó el sacerdote, en referencia a los menores, a quienes les auguró que puedan aferrarse a un nuevo estilo de vida.

Por su lado, el padre Claudio Castricone, cura de la parroquia Nuestra Señora de Fátima brindó un análisis muy duro sobre el cambio en el comportamiento de los adolescentes en el último año y medio.

“Veo mucha más violencia que antes de la pandemia. Noto en la gente algo que es a todo nivel. No solo en las balaceras y los muertos sino en la violencia entre los más chicos. Todo se arregla a las piñas. Y por otro lado, percibo rostros con mucho temor, algo que antes no lo notaba. Miedo a estar en la vereda, a salir a un mandado, a ligarse un tiro de rebote”, le afirmó a La Capital.

Además de la marcha, se espera que el mismo jueves, el arzobispo rosarino Eduardo Martín participe cerca de las 18.30 en una sede de la Universidad Católica Argentina de un encuentro multisectorial con el fin de la generación de propuestas de empleo digno en todo el territorio nacional.

Entre Ríos: alumnos de entre 10 y 11 años metieron envoltorios con cocaína dentro de una escuela primaria.

El hecho ocurrió en un colegio del barrio El Sol, en Paraná. En total, la policía decomisó 7 gramos de esa droga. Las autoridades policiales y escolares mantendrán una reunión con los padres de los estudiantes involucrados.

Un caso insólito y muy preocupante se vivió en una escuela primaria de Paraná, Entre Ríos: un grupo de alumnos de entre 10 y 11 años fue encontrado con envoltorios que contenían cocaína, listos para distribuir dentro de la institución educativa.

El hecho ocurrió en la Escuela Nº 193 Pedro Giachino, ubicada en la calle Santos Vega al 24 el lunes al mediodía.

Según informó el Diario Uno, las autoridades de la institución se pusieron en contacto con la Dirección de Toxicología de la provincia para consultarles sobre el contenido de cuatro envoltorios que fueron hallados en posesión de algunos chicos de 10 y 11 años.

Al parecer durante un recreo en la institución ubicada en el barrio El Sol, unos alumnos empezaron a pasarse de mano en mano unos envoltorios. Una maestra divisó esa situación y les solicitó a los estudiantes que le entregaran el envoltorio.

Los alumnos intentaron desentenderse de la situación y esconder los paquetes, pero la docente se mostró inflexible y les exigió la entrega de los mismos. Una vez en su poder, la maestra constató que en el interior de los envoltorios se hallaba un polvo blanco que inmediatamente disparó la alarma sobre la posible presencia de cocaína dentro de la escuela primaria.

Se presume que la idea del alumno que llevó la droga al colegio era venderla entre algunos de los alumnos. Las propias autoridades de la Escuela revelaron luego que fue la primera vez que se encontraron ante una situación de esta magnitud en un ámbito de estudiantes de entre 6 y 12 años.

En principio, la dirección de la institución convocó a los padres de los alumnos involucrados en el incidente. Había dos objetivos de cara al encuentro. El primero, intentar identificar cómo los envoltorios con cocaína llegaron a manos de niños de 10 y 11 años y, segundo, detectar si alguno de los estudiantes padecía algún tipo de adicción o consumo habitual de esa droga.

En el lugar trabajó personal de la División de Minoridad y Toxicología de Entre Ríos y los alumnos serán sometidos a diferentes evaluaciones por parte de personal médico de la provincia.

De acuerdo a las pericias de la policía, en total se incautaron 7 gramos de cocaína que se encontraban en poder de los alumnos.

Una vez que apareció la noticia en las redes, la comunidad de lectores de Paraná se indignó con la noticia: “Esto ocurre porque la familia se ha vuelto cualquier cosa, los padres están más preocupados por comprar el último modelo de celular que por la educación de sus hijos, y no hablemos de pobres o ricos, hablemos de respeto, dignidad, valores, palabras que han perdido su significado”, afirmó una mujer llamada Cinthia en los comentarios de la noticia en Facebook.

El episodio de la escuehal Giachino sucede apenas unas semanas después del revuelo ocurrido en Morón, provincia de Buenos Aires, cuando la Municipalidad de la ciudad lanzó una polémica guía donde daban indicaciones para consumir estupefacientes de una manera responsable.

“Acordate de estos consejos. El porro conseguilo de fuentes confiables. Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio. Tomá poquito para que ver cómo reacciona tu cuerpo”, decía uno de los folletos que eran entregados en mano en un stand en la campaña comandada por la Dirección de Política para las Juventudes.

“Si te detienen, tenés derecho a un abogado”, se recomendaba en otro de los folletos.