EN SALUD MENTAL NECESITAMOS GARANTIZAR DERECHOS, NO QUITARLOS.

Por : Lic. Leonardo Gorbacz. 10 de Agosto de 2021

El campo de la salud mental ha sido, como todo ámbito atravesado por el estigma, invisible a la mirada ciudadana salvo por situaciones excepcionales.

Cuando esas situaciones se dan, lo que se hace visible es apenas un episodio, que no necesariamente es representativo de una generalidad.
La muerte de una persona en crisis y del policía que intentó controlarlo frente al Malba el año pasado, la muerte de un interno en el Hospital Borda atacado por una jauría de perros, un muchacho muerto en su departamento donde la principal sospecha recaería en los operadores de una comunidad terapéutica que lo fueron a buscar y lo habrían medicado para forzarlo a una internación y el reciente caso del cantante Chano Charpentier, son sólo algunos ejemplos de situaciones que se mediatizan, algunas más, otras menos.
Como suele suceder, muchos de estos acontecimientos generan un sinnúmero de opiniones, algunas desde el dolor y la desesperación, otras desde la especulación, y no siempre con conocimiento del tema y del contenido de las normas. Y se agitan ideas de soluciones rápidas, fáciles y definitivas para problemas complejos que nunca van a tener soluciones rápidas, fáciles ni definitivas. Como por ejemplo la propuesta de que reformando la ley de salud mental se resuelven estos problemas.
Las situaciones violentas vinculadas a crisis en salud mental o consumos problemáticos no nacieron en el 2010 con la ley 26.657 ni son patrimonio exclusivo de nuestro país.
¿Es razonable entonces pensar que la modificación o derogación de esta ley va a resolver todos estos problemas? No.
Pero entonces, si siguen pasando las mismas cosas, ¿qué cambió con la ley? ¿Cómo podemos mejorar el sistema de salud mental para intentar prevenir estas situaciones?
Intentemos ir respondiendo estas preguntas.
Quienes responsabilizan a la ley 26.657 de estos episodios no pueden explicar por qué este tipo de situaciones –y muchas otras- sucedían aún antes de su sanción, ni tampoco por qué situaciones muy parecidas e incluso más graves suceden en otros países como Estados Unidos, donde obviamente no rige la ley de salud mental argentina, y sin embargo cada tanto una persona con padecimientos mentales ingresa a una institución y produce una masacre con armas de fuego.
Los detractores de la ley tampoco pueden explicar exactamente cuáles artículos de la Ley de Salud Mental generan obstáculos y debieran ser modificados, y sólo refieren generalidades que contienen ideas falsas acerca de lo que la norma establece o prohíbe.
Algunos incluso plantean la propuesta de promover una ley específica en materia de adicciones, desconociendo que esa ley ya existe, lleva el número 26.934, fue impulsada por el entonces diputado nacional Horacio Pietragalla Corti, hoy secretario de derechos humanos, y establece un programa de abordaje integral de consumos problemáticos completo y ajustado a los parámetros de la Ley Nacional de Salud Mental.
Para decirlo claramente, la Ley Nacional de Salud Mental de nuestro país no sólo permite las internaciones involuntarias (sin contar con el consentimiento de la persona), sino que admite incluso la intervención de las fuerzas de seguridad en auxilio. En este punto la ley 26.657 es compatible con el nuevo Código Civil, que en su artículo 42 establece que “la autoridad pública puede disponer el traslado de una persona cuyo estado no admita dilaciones y se encuentre en riesgo cierto e inminente de daño para sí o para terceros, a un centro de salud para su evaluación. En este caso, si fuese admitida la internación, debe cumplirse con los plazos y modalidades establecidos en la legislación especial. Las fuerzas de seguridad y servicios públicos de salud deben prestar auxilio inmediato”.
La legislación argentina brinda un marco para desarrollar una política nacional de salud mental que sea respetuosa de los derechos de las personas, al mismo tiempo que brinda herramientas para accionar en situaciones graves que ponen en riesgo la integridad de la persona o de terceros.
La ley exige un “riesgo cierto e inminente” como requisito para internar a una persona en contra de su voluntad. Además, la ley prevé que en esos casos se deben poner en marcha mecanismos de control externo; porque una internación involuntaria es una restricción de un derecho fundamental (la libertad) y en un Estado de derecho las privaciones de la libertad deben ser controladas.
Algunos discuten el concepto de “riesgo cierto e inminente” como requisito para poder internar a una persona, y proponen que con la sola voluntad del médico o del equipo tratante una persona pueda ser internada sin consentimiento, solamente por portación de diagnóstico. La gravedad a la que nos llevaría una situación de esas características es mayúscula: todos estaríamos bajo libertad condicional.
Imagínense por un instante que se deprimen, o que atraviesan una situación de mucha ansiedad, o están bebiendo un poco más de lo habitual, o deciden cortar vínculos con algunas personas de su entorno. Si alguien considera que eso constituye una enfermedad mental, aunque ustedes no estén de acuerdo, podrían ser internados en un hospital psiquiátrico. O imaginen que tienen un patrimonio importante y quieren donar una parte a una entidad benéfica y sus hijos, que perderían eventualmente parte de su herencia, pidieran internarlos y declararlos incapaces para quitarles el manejo de su patrimonio. O imagínense, por último, que son artistas exitosos, como Britney Spears, y que atraviesan un problema de consumo y un juez decide no sólo que su patrimonio va a ser manejado por su padre, sino que van a tener que usar métodos anticonceptivos por decisión de terceros, aunque ustedes no quieran y ya hayan superado su crisis de consumo.
Todos estos son ejemplos de la realidad, no ficciones, aunque se parecen mucho a una película de terror. Estas son las situaciones que la Ley Nacional 26.657 procura evitar, a través de encuadres que al mismo tiempo permitan accionar en situaciones de urgencia.
Muchos de quienes aprovecharon el episodio sufrido por Chano para reclamar la reforma de la Ley de Salud Mental en realidad están postulando la idea de que quitando derechos la salud mental se gestiona mejor. Sin embargo, ya sabemos a dónde conducen estas ideas.
Es restituyendo derechos que podemos mejorar el acceso a la salud mental de nuestra población, y para eso la materia pendiente no es ninguna reforma legal sino la aplicación cada vez más extensa de lo que la ley nos propone.
Un sistema de salud mental y adicciones que no respeta a las personas está destinado a fracasar, porque nadie se acerca a pedir ayuda a una institución o sistema que no va a respetar sus derechos. Necesitamos que las personas que padecen se acerquen y no que se escondan del sistema.
Algunas provincias, como Buenos Aires, están demostrando que con voluntad política e inversión se pueden generar nuevos dispositivos y mejorar la accesibilidad a la atención, como por ejemplo lo muestra la implementación de la línea de acompañamiento en salud mental que alcanzó a 19.539 personas, para citar un ejemplo.
Es necesario mejorar la atención oportuna de las emergencias con equipos de salud mental debidamente entrenados, capacitar a las fuerzas de seguridad para cuando se necesite su intervención, multiplicar los equipos de salud mental en todos los hospitales generales y centros de atención primaria, crear viviendas con apoyo para las personas que no tienen red socio familiar que puedan contenerlos, entre otras medidas que la ley contempla
Trabajar en la plena implementación de la ley nos permitirá mejorar la atención de la salud mental de la población, aunque ninguna ley va a eliminar los problemas de salud mental ni va a impedir que sigan existiendo crisis difíciles de abordar.

*Director Nacional de protección de grupos en situación de vulnerabildiad

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

Diputado Nacional (MC) autor de la ley nacional 26657

Salud Mental, presupuesto y políticas segregadoras: informe global de la OMS.

11 agosto, 2021 by Redacción La Tinta

Por Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos

El 10 de junio pasado, salió publicada una nota en el diario británico The Telegraph, con el título: “Reclusión, restricción y coacción: el abuso es ‘demasiado común’ en los servicios de salud mental en todo el mundo”, y el subtítulo “La mayor parte de la atención psiquiátrica se brinda en hospitales y los medicamentos se recetan con demasiada facilidad, dice la OMS”. El reporte refiere a un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud que advierte sobre las principales violaciones de derechos en el campo de la salud mental, en todo el mundo y, en particular, sobre las deficiencias presupuestarias en el rubro de salud mental, con un destino acorde a los estándares de derechos humanos y de atención integral, inclusiva y comunitaria. Sobre esta cuestión, en el ámbito local, también se ha dedicado el investigador local Iván Ase en un reciente trabajo que actualiza sus análisis sobre el presupuesto provincial en los últimos años. Relacionando con las conclusiones de Ase, en esta nota, resaltamos algunos puntos centrales de la publicación del organismo internacional, que en líneas generales demuestra que es global (tanto en países ricos como en los de bajos ingresos) lo que nosotres llamamos la disputa de paradigmas en el campo de la salud mental: entre un modelo hegemónico que sostiene el sistema de segregación, internación y atención farmacológica, y el que impulsa un sistema incluido en el sistema general de salud, que potencia el primer nivel de atención en los territorios y que articula con políticas económicas, sociales y de acceso igualitario a derechos.

Internaciones compulsivas y tratamientos forzosos; restricción manual, física y química; abuso físico, verbal, psicológico y sexual; y condiciones de vida insalubres, son algunas de las vulneraciones más generalizadas. “A nivel mundial, la mayor parte de la atención de salud mental se sigue brindando en hospitales psiquiátricos”, considera el artículo publicado por The Telegraph, citando al informe, que advierte, además, que no hay diferencias considerables entre países de altos ingresos y los de bajos ingresos cuando se trata de sostener un sistema de atención a la salud mental contrario a los derechos humanos.

Sobre el actual contexto, el artículo reproduce el comentario de la doctora Michelle Funk, consultada por el diario: “La pandemia ha sacado a la luz los efectos dañinos de las instituciones” y la “marginación” de los usuarios de salud mental. Funk es parte del Departamento de Salud Mental y Consumo de Sustancias en la OMS.

El informe pone de relieve cómo la mayoría de los países pasan por alto las causas de la angustia (violencia, discriminación, pobreza, inseguridad laboral, viviendas precarias y falta de servicios de salud) y, en cambio, prescriben en exceso medicamentos, a menudo la única forma de tratamiento.

La doctora Funk también agregó que “demasiado a menudo los tratamientos enfocan en los diagnósticos y la reducción de síntomas, en lugar de adoptar un enfoque más amplio y holístico, que incluye terapias de conversación y apoyos entre pares, así como vínculos con la educación, la generación de ingresos, la vivienda y los sistemas de protección social…”.

Respecto a las erogaciones que realizan los Estados, es conocida la recomendación de que se debe destinar un 10 % del presupuesto general de salud para salud mental, pero las estimaciones de la OMS muestran un panorama preocupante: “Alrededor del mundo, los gobiernos gastan menos del 2 % del presupuesto de salud, en el rubro salud mental”. En diversos informes realizados desde el Observatorio y por diversos equipos de investigación, hemos destacado durante los últimos años las deficiencias presupuestarias en salud y salud mental en la provincia, y en particular sobre salud mental. En una reciente nota publicada en La tinta, el médico e investigador Ivan Ase destaca que, a partir del 2015, el Gobierno de la Provincia de Córdoba recortó progresivamente el presupuesto destinado a salud (general): de un 10,32 % en 2015 al 8,68 % en el 2019. En el 2020, ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, el presupuesto destinado a salud se elevó al 10,51 % del presupuesto total de la provincia. Esta evolución de ajuste durante 4 años y recuperación desde la irrupción de la pandemia también se evidenció en los cargos en recursos humanos destinados al sector salud. Esta evolución demostraría que “los recursos extraordinarios asignados para enfrentar la pandemia no implicarían más que la recuperación de los porcentajes habituales para el sector post-descentralización”. Sin embargo, “la recuperación de estos recursos financieros y humanos se ha hecho de manera concentrada sobre aquellas áreas o rubros directamente involucrados en la lucha contra la pandemia, mientras que los otros sectores se mantenían casi paralizados y soportando restricciones presupuestarias muy significativas”. El informe reproducido en La tinta es contundente: “Se podría decir que el ‘Gasto COVID-19’ se financió en parte con el enorme ajuste sufrido por el ‘Gasto No COVID-19’”.

Volviendo a lo específico de salud mental, los números relevados por Ase evidencian la gravedad de la situación: desde el 2015, nunca ha dejado de bajar. En ese año, fue del 6,96 % del total de salud; en el 2019, fue del 6,03 % y, en el 2020 de la emergencia sanitaria, se redujo al 4,85 % de la Finalidad Salud. Y podemos agregar, una vez más, que el presupuesto destinado a este rubro (que actualmente no llega a la mitad recomendada internacionalmente), en lugar de destinarse para la transformación del sistema, tal como lo exigen las leyes nacional y provincial de salud mental (con la apertura de dispositivos sustitutivos, la consolidación de equipos interdisciplinarios, el fortalecimiento en el primer nivel de atención, la conversión de los hospitales neuropsiquiátricos) se destina para sostener el actual modelo asilar y segregador, y tercerizar servicios a empresas privadas.

En esta línea también apunta el informe de la OMS: “Mientras el aumento presupuestario a salud mental es necesario, esto sólo no alcanzaría (…) con la mayoría de las erogaciones destinadas a los hospitales psiquiátricos”. El reporte también reclama políticas que promuevan el cuidado de la salud mental en servicios basados en la comunidad, enfocados en la recuperación y la vida independiente con apoyos; lo que incluye, también, acompañamiento para el acceso a la educación, el trabajo, etc. Además, el informe recupera algunos casos de buenas prácticas y afirma que la “comparación de costos indica que este tipo de servicios pueden ser provistos con iguales o menores costos que los que requieren los servicios convencionales”. La nota concluye con un comentario de la Dra. Funk: “Es tiempo de incrementar la inversión en salud mental y asegurar que estos fondos vayan a servicios integrales de salud mental, centrados en las personas, y respetuosos de sus derechos humanos”.

*Por Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos / Imagen de portada: Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos.

RUSIA REVELA GRAN SECRETO DE EUA! CIA Y DEA GASTAN MILLONES PARA OCULTAR...

A continuación la opinión del Staff profesional de nuestra Institución.

La noticia que hemos brindado, obedece a algo que - aunque no existiera la misma- sería casi redundante. En efecto, la dinámica del tráfico de drogas, se mueve en un circuito repetitivo. Si prohibición, no hay interés, sin mercado "marginal" no existe un precio. Agreguemos, sin regulación no hay precio establecido y con sostén y también, sin la colaboración del sistema de bancos y financiero, no habría grandes negocios con este origen. Hace rato que se sabe que el insumo estratégico del opio proveniente de Afganistán y el negocio del mismo, no podría mantenerse sin un incremento regulado de la sustancia, manteniendo precios o sea temas de mercado, que hacen al delito y el crimen transnacional. En su momento, también sirvió para forzar la salida de la URSS de allí. En esa época los talibanes eran tildados de " luchadores de la Libertad". Ahora y después de haber sido el supuesto enemigo, pasaron y en poco tiempo será completo, a ser de nuevo los dueños de ese país. El comercio de opiacios ( opio en sí, heroína, morfina, codeína, etc. )  disminuirá, como antes de la ocupación norteamericana o acordando de alguna manera, se destinará xa que llegue a los mercados rusos. No lo sabemos hoy, pero esta a la vista, que quienes nos dictan que hacer, con el llamado " problema mundial de las drogas", son principales actores y protagonistas en uno u otro papel de este escenario, pero los que padecen sus secuelas, son simples personas víctimas de estas circunstancias forzadas. El negocio es de otros, con conveniencias monetarias, de control social, pretexto de intervención y secuelas indeseadas de daños múltiples.

Chano, lo sanitario y lo policial.

Por Mario Burgos (*) 

La atención de una persona en crisis, con hiperactividad y agresividad es una intervención sanitaria. En la medida que hay una persona descontrolada, es necesaria una custodia policial, pero el responsable de la intervención es el profesional de salud a cargo. En tanto todas las personas que podían correr peligro lograron salir de la casa es de considerar:

1. Que el profesional a cargo decidió que por el momento lo mejor era estar afuera, en el parque.

2. Bastaba entonces con aislar momentáneamente a la persona cerrando la puerta y a partir de eso hablarle buscando neutralizar su agresividad, sea generando empatía, sea por el desgaste propio del paso del tiempo o ambas.

3. Entonces: ¿por qué el profesional responsable de la intervención habilitó la entrada de la policía al lugar de donde salió?

4. Ya en la casa de Chano y con los polícías, esa decisión del profesional convierte el hecho sanitario en hecho policial. Por tanto queda habilitada la acción de buscar reducir físicamente a la persona. Esto sería lo único que explicaría que el agente haya quedado antes imposibilitado de acceder a la puerta y salir. Bastaba con que hablara desde la puerta, pero del lado exterior.

5. ¿Qué podía pasar con Chano imposibilitado de ir contra familiares, policías o personal de salud?

A. Que pase un tiempo, horas, minutos hasta que cese su hiperactividad, sea por agotamiento, sea por la acción verbal del personal de salud. En estos casos no hay apuro comparable al riesgo de vida, por lo que el procedimiento debe continuar lo que sea necesario.

B. Que antes de cesar su crisis se autoagrediera. Cuchillo en mano, pistola nueve milímetros, es fácil considerar qué es de mayor peligro para él.

C. Incluyo la posibilidad que esa autoagresión pusiera en peligro su vida. Pues bien, el personal de apoyo no necesita ni arma de fuego ni taser: simplemente arrojando una red se resolvería la situación sin riesgo de vida.

Me adelanto a cuestionamientos acerca de «la teoría y la práctica». En 35 años de equipo de salud en la Provincia de Buenos Aires he participado de varias situaciones de este tipo.

En particular, en Barrio Máximo, Cuartel V, Moreno, un joven en situación crítica revoleando un cuchillo en la cocina con su madre cerca. Nos avisa una vecina. Concurrimos con la trabajadora social de la US Anderson. Entramos a la casa, verificamos que la madre estuviera fuera de peligro y comenzamos a hablarle al joven, buscando aquello que le interesara y sobre todo lo distanciara de aquello que lo ponía en esa actitud. ¿Qué era? no lo sabíamos ni lo supimos después. Tampoco podemos decir que alguno de los temas de conversación haya roto la escena y habilitado de deje el cuchillo en la pileta de la cocina y vaya a abrazarse con su madre. pudo haber sido eso o simplemente el hecho de que dos personas, profesionales de la salud lo situaran en la palabra y estuvieran pendientes de él durante 3 horas y media. ¿Qué es mucho? Menos que el riesgo de vida para esa persona, el sujeto de nuestra asistencia-

Párrafo aparte: Esto no sucedió por «culpa» de la Ley de Salud Mental sino porque no se cumplió con sus disposiciones y principios. Los cuatro años del gobierno anterior hicieron retroceder todos los avances que la ley posibilitó. Estamos en proceso de recuperarlos.
Mientras tanto tenemos un tendal de víctimas de esa negación de la ley: Chano, su familia, los agentes, los profesionales de salud, la sociedad hoy bombardeada desde los medios para tratar el padecimiento mental con encierro y punición.

(*)Psicólogo en Atención Primaria de la Salud

A continuación el comentario del Staff de Profesionales de nuestra Institución.

Este artículo de Mario Burgos aporta una mirada que suma a la de muchas publicaciones de estos días en que desde distintos lugares reafirmamos la vigencia y suficiencia de la Ley, la necesidad de construcción de los dispositivos de Salud que la implementen y rechazamos el falseamiento de ser la causante de hechos violencia como tantos de la misma índole que han ocurrido. Se mete con lo íntimo de una intervención dejando claro la ilegitimidad, la ilegalidad y la falta total de profesionalidad, tanto sanitaria como policial. Paso a paso desmenuza todo lo que fue transgredido para llegar a la escena de la persona baleada.

*DECLARACION SOBRE PROTOCOLOS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN MEDIOS DE COMUNICACION*

Desde el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones manifestamos nuestra profunda preocupación respecto del episodio ocurrido el día 26 de julio en donde un conocido músico fue herido de gravedad por un agente de la fuerza de seguridad cuando se encontraba atravesando una aparente crisis de salud mental.

Es importante destacar que cualquier estrategia de intervención en una situación crítica debe priorizar el cuidado de la vida, fomentando la contención apropiada tanto física como subjetiva de las personas. Esta prioridad debe hacerse concreta en la creación de y fortalecimiento de los dispositivos que respondan a las diversas necesidades de la población en relación al abordaje de la compleja problemática del campo de la Salud Mental incluidas las situaciones críticas.

Entendemos que es necesario considerar la capacitación de las fuerzas de seguridad en la contención de este tipo de situaciones como una dimensión clave para la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental N°26657, por lo que se torna urgente retomar y fortalecer la estrategia de capacitación permanente dispuesta por la ley.

Por otro lado, consideramos imprescindible visibilizar el tratamiento sobre este episodio en los medios de comunicación, donde nuevamente nos encontramos, en algunos casos, frente a una lectura falaz y mal intencionada de la ley que contribuye a perpetuar discursos estigmatizantes respecto a las personas con padecimientos subjetivos, atentando de manera directa contra sus derechos reconocidos a nivel constitucional.

En ese sentido, desde este Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones, insistimos respecto de la necesidad de que las autoridades intervengan a los fines de garantizar la capacitación de las fuerzas de seguridad como también la divulgación y exigencia del cumplimiento de las Recomendaciones para el tratamiento mediático de temas de salud mental, en tanto son aspectos centrales para el cumplimiento de la ley.

Ahora bien, en gran parte del discurso que circula, la salud mental se presenta junto a la idea de peligrosidad, construcción que no corresponde, tal como ha sido cabalmente argumentado, pero además es profundamente discriminatoria. En este punto hacemos un llamado a todxs lxs ciudadanxs en tanto entendemos que cada unx desde su lugar es en cierto modo artífice en la constitución del otro ya sea reproduciendo esa lógica o pudiendo introducir una mirada distinta, que priorice la solidaridad y el cuidado.

No hay salud sin lógica de cuidado

No hay salud sin plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental

Asociación Civil Confluir –

Asociación de Profesionales de Servicio Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(APSSGCABA) –

Asociación Civil Forum Infancias –

Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM) –

Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) –

Asociación Civil Los Abuelos del Francés –

Asociación Civil Intercambios –

Asociación Argentina de Padres de Autistas (APADEA).

Asociación de Psicólogos del Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (APGCABA) –

Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) –

Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) –

Asociación de Reducción de Daños de la República Argentina (ARDA) –

Asociación de Terapistas Ocupacionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ATOGBA) –

Conferencia Basaglia Argentina –

Consejo de Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires –

Cooperativa de Trabajo La Huella –

Federación de Centros Barriales de la Familia Grande Hogar de Cristo –

Espacio Intercátedras Cátedra de Salud Pública y Salud Mental (I y II) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires –

Grupo de Estudios sobre Salud Mental y Derechos Humanos (GESMYDH), Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Junta Interna de Delegados y Delegadas de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Ministerio de Salud de la Nación –

Maestría y Doctorado en Salud Mental Comunitaria del Departamento de Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) –

Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba –

Red Estratégica para el Desarrollo Social (REDES) –

Red Experiencia Santa Fe –

Sociedad Argentina para el Estudio de los Consumos Problemáticos de Sustancias y otras Adicciones (SAEA) –

Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Seccional Trabajador@s Públicos Nacionales y del GCBA