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jueves, 23 de enero de 2020
Un drama sin solución Policías amarrados al poder narco, una clave en el espiral de violencia en Rosario.
La lista de agentes, provinciales y federales, investigados por “trabajar” para bandas
criminales es bien extensa. Un nuevo intento por cortar esos hilos, una de las posibles
causas del inicio caliente del 2020.
El que reprende es un jefe narco y quien lo escucha, sumiso, un jefe policial. “Me
tenés que llamar. ¿Para qué te estoy pagando?”. Ramón “Monchi” Machuca, uno
de los líderes de la banda narco Los Monos condenado a 36 años y medio de
prisión, cuestiona. Del otro lado de la línea el suboficial Angel “Chichito” Avaca, el
mismo al que esta semana le mataron un hijo, acepta los cuestionamientos. El
diálogo, interceptado en mayo de 2013, es apenas un ejemplo de una práctica
extendida: la de agentes, cabos, sargentos, oficiales, sumariantes o comisarios
dispuestos al servicio de organizaciones delictivas que operan en el Gran Rosario.
La banda que construyó su poder en el sur de la ciudad, la misma zona donde el
sábado pasado se cometió un crimen resonante contra un apostador del casino,
contaba con uniformados que proveían información o balas, que se ofrecían a
intimidar a los enemigos y que muchas veces recibían a cambio compensaciones tan
curiosas como un televisor.
Parte de esa herramienta que utilizan organizaciones poderosas es la que llevó al
ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, a proponer un plan integral que
incluye profundos cambios en la estructura policial de la provincia: pasar a
disponibilidad a altos jefes, desplazar a otros e intervenir una cuestionada Unidad
Regional, fueron algunas de las medidas que encaró desde que asumió, el 10 de
diciembre pasado.
La gestión que encabeza el gobernador peronista Omar Perotti cree que esa
decisión explica, en parte, la ola de crímenes que impactaron al Gran Rosario en el
comienzo del nuevo año, con 18 víctimas en los primeros diecisiete días del año. La
última, un joven de 22 años en la noche del viernes.
“No tengo ninguna duda de que esto es una reacción de grupos que, evidentemente,
manejaban negocios enormes. Me parece que había jefes policiales que se creían
que eran dueños de provincia o dueños de la ciudad”, planteó Sain en medio del
creciente número de homicidios. “Acá, aunque se diga lo contrario, lo que había era
una policía que tenía total autonomía”, concluyó.
Sólo en la causa por asociación ilícita contra Los Monos, cuyo juicio finalizó en abril
de 2018, fueron condenados 9 policías a penas de entre cinco y siete años de
cárcel. Siete pertenecían a la santafesina y dos a Fuerzas Federales. Los
uniformados eran un engranaje central de la banda.
Un décimo oficial cerró un acuerdo abreviado por el que consiguió una condena a
tres años de prisión. Toda una curiosidad porque de acuerdo a los investigadores,
Juan “Chavo” Maciel era quien más colaboraba con el grupo. Conocía incluso los
crímenes que iban cometiendo. Y les ofrecía a sus miembros información para
burlarlos.
“Está más allá que para otra cosa. Siete le dieron. Está listo prácticamente”, le
informa Maciel a “Monchi” en una escucha interceptada por la Justicia. El diálogo
corresponde a los instantes posteriores a una ejecución cometida por Ariel “Guille”
Cantero en venganza por la muerte de Claudio “Pájaro” Cantero.
En julio de 2018 también fue condenado un hombre fuerte en el comercio local de
estupefacientes. Delfín Zacarías recibió 16 años de prisión. Junto a él cayó un
policía Federal y un ex jefe de la Brigada Operativa de Drogas de la santafesina,
Diego Comini, a quien le impusieron una pena a 6 años de cárcel.
Hay múltiples casos que quedaron expuestos en los últimos años. Esteban Alvarado,
otro pesado del delito en Rosario, también sumó los servicios policiales para
obtener protección, cobertura, información.
Imputado el año pasado por comandar una asociación ilícita que ejecutó a un
prestamista y participó de balaceras contra objetivos judiciales, investigado por la
Justicia Federal por narcotráfico, Alvarado elaboró un complejo entramado criminal
al que sumó uniformados.
El grupo policial proveía información y hasta introducía pistas falsas en distintas
investigaciones que podían incriminar al líder de la banda. Uno de ellos, Pablo
Báncora, era clave porque colaboraba al mismo tiempo con el grupo de fiscales que
integraban el equipo de Gravedad Institucional, encargado de perseguir a
personajes como el propio Alvarado.
Entre otras curiosidades los policías que ayudaban al delincuente llegaron a plantar
un teléfono en un allanamiento. El aparato contenía mensajes convenientemente
redactados por el jefe de la organización para despistar a los investigadores.
Otros prestaban su servicio para lavar activos. Uno de ellos, Luis Quevertoque,
compartía incluso la propiedad de caballos de carrera. “Cascarudo”, de la caballeriza
LQ, es uno de los animales que logró identificar la fiscalía. Quevertoque, ex subjefe
de la ex Brigada de Judiciales, tiene un capítulo curioso en su legajo oficial: fue uno
de los encargados de investigar para llevar a juicio a Los Monos, enfrentados a
Alvarado.
La mano de obra policial no es exclusivo patrimonio de los delincuentes más
poderosos. Son muchas las bandas con menor peso que también negocian esa
cobertura. A mediados de 2019 fueron condenados cinco policías de la comisaría
20ª, ubicada en el barrio Empalme Graneros, por proteger a al menos dos narcos.
Las escuchas indican que si era necesario los hostigaban para cobrar la
mensualidad con balaceras y golpizas.
Los policías buscaban ocultar su identidad con una curiosidad: casi todos utilizaban
la primera letra del apellido para elegir un apodo. Roberto “Queja” Quiroga, Jorge
“Obra” Ocampo, Cristian “Gavia” Gelabert, Víctor “Mochila” Villalba y Gustavo
“Empleo” Elizalde recibieron penas de entre tres y cinco años de prisión.
En julio pasado la Justicia Federal procesó en otra causa por tráfico de
estupefacientes al sargento Juan “Tiburón” Delmastro –condenado en abril de 2018
también por integrar Los Monos- y a Alejandro Druetta, ex jefe de Inteligencia Zona
Sur de Drogas Peligrosas.
Ambos protegían a los narcos y recibían algo más que dinero: los delincuentes
también les aportaban información de sus competidores. Los policías los atrapaban y
eso permitía consolidar sus carreras dentro de la Fuerza y sacar jugadores del
camino que entorpecían la operatoria de sus socios.
La lista es extensa, obscena. El policía Carlos Schmidt fue condenado, en agosto de
2019, a seis años de prisión por integrar una banda que traía droga desde Bolivia
y
que comandaba Walter Jure, otro miembro calificado de Los Monos.
Sain siguió de cerca cada una de esas causas porque antes de ocupar el ministerio
de Seguridad integró durante un año la dirección del Organismo de Investigaciones
del Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino. Transitó investigaciones
provinciales que involucraban a narcos, criminales, delincuentes y policías.
Sin embargo, desde mucho antes tenía una mirada crítica sobre la policía de Santa
Fe. En 2008, cuando ocupaba una banca en la legislatura de Buenos Aires,
consideró que la Fuerza era “una de las más corruptas y más regulatorias del
negocio del narcotráfico”, lo que le permitía convertirse en “el principal cartel de
drogas” de la provincia.
La guerra narco que se desató en el Gran Rosario y que tuvo su pico criminal en
2013, las causas judiciales que comenzaron a acumularse años después, avalarían
aquellas viejas sentencias de Sain.
Quizás el caso más emblemático y más impactante fue la detención, en octubre de
2012, del entonces jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli. Lo procesaron en dos
causas por su connivencia con grupos narco. En una de ellas fue finalmente
absuelto. En la otra lo declararon culpable por distintos delitos y le impusieron seis
años de prisión. En diciembre logró el beneficio de la libertad condicional luego de
estar cinco años y medio alojado en una cárcel.
A continuación la opinión sobre el tema del Staff Profesional de nuestra Fundación.
Una vez más, esta noticia nos demuestra como las fuerzas de seguridad (provinciales y federales) que deben luchar contra el narcotráfico forman parte de sus filas. En Rosario, según dice el artículo, no sólo brindaban protección a las bandas, ya sea creando pruebas falsas para entorpecer causas judiciales o entregando balas, sino también trabajaban mancomunadamente para “eliminar“ a la competencia, los policías recibían información de los narcos de sus rivales, con los que unos consolidaban sus carreras en la Fuerza y los otros veian favorecido su comercio. Como ya dijeramos en otras oportunidades, esta es una muestra más de que la prohibición sólo sirve para generar un gran negocio que tiene sus redes extendidas en muchos ámbitos (policiales, judiciales, políticos) y cuya consecuencia son las muertes, de propios y ajenos, que son mayores que las que provoca el abuso de las sustancias que se busca erradicar con ella.
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