Linchamientos en la Argentina: tratando de explicar lo inexplicable.

Artículo de Javier Sinay. El hartazgo por el delito y la poca eficacia del sistema judicial influyen en la justicia por mano propia. ¿Pero lo hacen más que las redes sociales y WhatsApp?

El 25 de marzo pasado, José Oviedo, un hombre de 50 años, se encontraba adentro de su casa en Comodoro Rivadavia cuando una multitud pequeña y furiosa, que había comenzado arrojándole piedras y palos, inició el fuego: no lo buscaban a él, sino a su hijo de 21 años, a quien acusaban del abuso sexual que un niño de 12 años había sufrido. Y como no encontraron al hijo, esas 35, 50 o 60 personas fueron por el padre. Oviedo escapó de su casa cuando el humo y las llamas la envolvieron, y al salir se encontró con sus vecinos, convertidos en una turba medieval. El hombre corrió y se defendió con un fierro y un machete, pero no por mucho tiempo: cuatro cuadras más adelante fue atrapado. La golpiza fue despiadada. Luego se supo que su hijo era inocente, pero para entonces Oviedo ya había sido asesinado por la gente. Y así fue el primer linchamiento de la Argentina en 2019. Después, increíblemente, hubo más. ¿Increíblemente? “¿Por qué se forma una comunidad que agrede a un otro de un modo que está por fuera de toda regla de justicia general, tomando en sus propias manos un acto de pretendida justicia inmediata?”, se pregunta Esteban DiPaola, doctor en Ciencias Sociales y autor de un trabajo titulado “La comunidad del linchamiento”. “Lo más inmediato que nos surge ante un linchamiento es una valoración ética contraria: nos horrorizamos. Pero yo me pregunto qué crisis de lazos sociales existe en las sociedades neoliberales, especialmente en relación con la justicia y las instituciones. Si no hay un lazo social que sostenga mis relaciones con el otro, que no forme subjetividades, que no impriman a la ley un sentido de mandato, entonces queda que sólo me puedo cuidar yo”. Los linchamientos no son una cosa del pasado. En Argentina se han vuelto una excepción frecuente: hay alrededor de cinco cada año, aunque no todos los linchados son asesinados. En 2014, cuando hubo una docena en Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Córdoba y La Rioja (uno solo, en Rosario, culminó con la muerte del perseguido), hasta la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ocupó del tema: “Necesitamos miradas y voces que traigan tranquilidad; no voces que traigan deseos de venganza, de enfrentamientos, odio”, dijo.

La casa de José Oviedo, en llamas, en Comodoro Rivadavia. Imagen: Google Pero lo que hizo del episodio de Comodoro Rivadavia algo nuevo fue el modo en el que se comunicó (y creció) el rumor: fue a través de WhatsApp. Luego de que la madre del niño abusado hiciera la denuncia, la foto del hijo de José Oviedo comenzó a circular y se viralizó. De hecho, eso fue lo que llevó a la policía a poner a resguardo a este muchacho y a retirarlo de la casa, luego quemada, en la que sólo quedó el padre. En India, esto mismo fue discutido en 2018, cuando –por mensajes virales acerca de improbables secuestradores de niños: fake news– hubo al menos nueve muertos antes de que el gobierno lanzara un comunicado en el que decía: “La profunda desaprobación de estas situaciones ha sido transmitida a la alta gerencia de WhatsApp y se le ha advertido que deben tomarse las medidas correctivas necesarias”. Luego, según The New York Times, “WhatsApp ha declarado que los asesinatos le causaron horror. La semana pasada comenzó a marcar todos los mensajes reenviados. También publicó anuncios en periódicos para educar a la gente sobre la desinformación y se comprometió a trabajar más de cerca con la policía y los verificadores de hechos independientes. El jueves, WhatsApp comenzó una prueba para limitar el reenvío de mensajes”. Ya conocemos, en nuestros propios teléfonos, las limitaciones a los reenvíos en la app: ahora sólo podemos compartir un mensaje con diez personas. No más. “Las redes sociales dinamizan, producen sentido e influyen alterando los sentidos de la comunicación: en ese contexto surgen las fake news”, dice Dipaola, cuyo último libro es Producciones imaginales de lo social: Cultura visual y socialidad contemporánea (Editorial La Cebra, 2018). “Las redes sociales son una composición que define a los tiempos actuales y las fake news pueden cristalizar un día y al día siguiente ya se olvidaron. En un linchamiento, pasa lo mismo con los lazos que se forman entre los participantes”. En México ocurrió lo mismo. Fue en Acatlán de Osorio, una pequeña ciudad donde una multitud linchó, roció en combustible y quemó vivos a un tío y un sobrino llamados Alberto y Ricardo Flores. También fue en 2018. Y también comenzó con un mensaje de WhatsApp en el que se los acusaba de estar merodeando la ciudad para raptar niños. La policía los detuvo, pero la gente entró al calabozo, derribó las rejas flacas y raptó a los dos sin detenerse a pensar si eran inocentes. Y aunque lo eran, el linchamiento fue transmitido en Facebook Live. O sea, en tiempo real. El 19 de abril pasado, luego de la muerte de José Oviedo en Comodoro Rivadavia, Gustavo M. Quispe, un hombre que entró a robar a una casa en Ciudad Evita –con un cómplice sorprendió, amenazó y golpeó a una mujer y a su hija, hasta que ésta se zafó y pidió ayuda a los gritos por la ventana– fue perseguido por una multitud en su escape. Y finalmente fue capturado por unos vecinos que participaban de una recreación callejera del Vía Crucis del Viernes Santo. Tres personas le ataron las muñecas con los cordones de sus zapatillas, lo golpearon y lo asfixiaron. Cuando la policía llegó, Quispe ya estaba muerto. Fue el segundo linchamiento fatal de este año en nuestro país. “Cuando las instituciones fracasan, cuando el ciudadano damnificado desconfía del peso de la ley, se cae en el lamentable ejercicio de la justicia por mano propia”, dice la filósofa Diana Cohen Agrest, quien, luego del terrible asesinato de sus hijo Ezequiel en un asalto, creó Usina de Justicia (una asociación civil por los derechos de los familiares de las víctimas de homicidio) y escribió el ensayo Ausencia perpetua: Inseguridad y trampas de la (in)Justicia. “Justicia salvaje, si la hay, que promueve las consecuencias por todos conocidas: sociedades donde el delincuente se apropia de la vida del prójimo y la víctima se siente con derecho, y a menudo, porque reacciona en defensa propia, hasta con la obligación, de ajusticiar al agresor”. ¿Cuánto tiene que ver un linchamiento con el hartazgo del delito y la poca eficacia del sistema judicial? La respuesta parece obvia, pero Argentina no es, como se podría pensar de acuerdo a estos linchamientos, uno de los países con las cifras de impunidad más altas de la región. En 2017, la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) publicó su Índice Global de Impunidad (IGI), donde estableció que, de los trece países con mayor impunidad en el mundo (sobre un total de 69), nueve pertenecen a Latinoamérica, comandados por México. Argentina, con 58,87 puntos (más cerca de Chile que de Brasi), se encontraba entre los países latinoamericanos mejor posicionados en el índice. Croacia resultó el país mejor posicionado, con 36,01 puntos; y Filipinas, con 75,6, el peor. Y, según el índice del imperio de la ley (Rule of Law Index) de la organización internacional World Justice Project (WJP), Argentina está en el puesto 46 entre 126 países. Dinamarca es el primero y Venezuela, el último. Pero... esto contradice lo anterior: el ministro de Justicia Germán Garavano dijo que los niveles de impunidad del país son “superiores al 99%: cada 100 delitos que se cometen, menos de uno tiene una sanción efectiva por parte del Estado, y estamos incluyendo homicidios, narcotráfico y corrupción” (agregó que hay mayor impunidad “en los niveles complejos; es decir, en los de cuello blanco, que en los simples”). Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos me confirmaron la estadística de Garavano. “La cifra se genera a partir de un cruce de datos entre dos informes”, me dijeron. Esos dos son el Informe estadístico de sentencias condenatorias de la República Argentina y las Estadísticas Criminales en la República Argentina–Año 2017, publicadas en 2018. O sea que en nuestro país no hay un índice oficial de impunidad. Lo cierto es que sólo el 1,4% de los delitos denunciados tiene una condena. Y Chequeadopublicó que, según la última Encuesta de Victimización del INDEC, el 47,5% de los delitos contra el hogar y el 66,3% de los delitos contra las personas no se denuncian. Mientras tanto, en Comodoro Rivadavia ya detuvieron a ocho personas por el linchamiento de José Oviedo. E identificaron al presunto agresor sexual del niño de 12 años que provocó la furia. La fiscal de delitos complejos Camila Banfi anunció que cambiará la carátula del caso, de homicidio simple a premeditado, y dijo que cree que hubo “un acuerdo para ir a realizar un hecho delictivo”. Se refiere a los mensajes de WhatsApp, “donde se convoca puntualmente a darle muerte a esta persona”. Sin embargo, el 16 de mayo, 20 días después del linchamiento de Oviedo y de nuevo en Comodoro Rivadavia, una persona fue sorprendida por la policía mientras robaba en una casa y cuando intentaron sacarla, unos 20 vecinos quisieron lincharla. Y tres días más tarde, en Trelew, no muy lejos de Comodoro Rivadavia, un joven de 21 años que apuñaló a otros dos en una pelea callejera también fue golpeado por una muchedumbre. Para Cohen Agrest, un linchamiento es algo muy parecido a una venganza. “Pero cuando la reacción se produce públicamente, ya no es la venganza de la víctima solamente. A ella se asocian, por un impulso mimético, quienes se saben tan vulnerables como la víctima. Por supuesto, no es una justificación del linchamiento. Pero es una comprensión de los resortes colectivos que, ante una justicia ineficaz, en lugar de fracturar los lazos sociales, los refuerzan”. Y un linchamiento es, también, una solución de facto alejada de las que debería haber: “soluciones de iure que desalienten una sociedad donde crece el rencor cuando comprueba, perpleja, que los ultrajes irreparables son silenciados por un Estado indiferente a su compromiso y función más esencial”. Desde la Fundación recomendamos la lectura de este artículo porque en las épocas en que los proyectos comunes se diluyen, la destrucción entre pares tiene que ver con la impotencia contra las expansiones del poder y la falta de canales para ser oídos y respetados. La impotencia se traduce en violencia. Frente a la violencia estructural, siempre invisibilizada, y ante la imposibilidad de encontrar forma de hacerle frente, sólo queda la posibilidad de ejercerla hacia los laterales del mismo plano. Esto ha sido reflejado por muchas investigaciones biológicas de laboratorio y sociales, donde como lo demostró Lavorit, investigador francés con un desarrollo muy importante sobre estos temas, la violencia ejercida sobre animales de laboratorio en forma de menos provisión alimentaria, mayor cantidad de individuos en una jaula o cualquier otros signo de agresión, se traducía inmediatamente en ruptura del ordenamiento que tuviera esa población, convirténdose las diferencias en violencia directa. También deberíamos reflexionar sobre el mensaje de los medios que no dudan en cargar las tintas en forma impiadosa sobre las suposiciones de violencia siempre en y para determinadas personas, insistiendo en latigillo donde se insiste en acusar a personas de lugares desfavorecidos, con serios déficits infraestructurales y de imposibilidades sociales que se traducen entonces en esa persecución interpares. Esto tiene un correlato mucho más sutil: la imposibilidad de asumir la violencia que representan otros hechos de mucha mayor magnitud que los que a ellos los involucran y desde luego esta falta de percepción es retroalimentada por los poderosos y sus voceros de los medios. Otra forma más de ejercer la violencia, en la que también caen muchos falsos imputados entre ellos los jóvenes con problemas, reales o ficticios, de adicciones.

MARIHUANA, APOSTILLAS 1

Microprograma sobre temas relacionados a la drogodependencia y salud mental a cargo del sociólogo Alberto E. Calabrese.

Ketamina, el inesperado aliado contra la depresión y el suicidio.

Un estudio halló que puede utilizarse como un tratamiento rápido de los síntomas de depresión mayor y pensamientos suicidas.

A veces, los mejores aliados no son los que suponíamos de antemano sino que surgen de los lugares más insólitos. Son los amigos inesperados. Lo que nos enseña que nada es tan claro como parece. Podemos equivocarnos. Algo de eso pasa en la lucha contra la depresión y los pensamientos suicidas. Sucede que un estudio descubrió que la ketamina resulta prometedora en el tratamiento rápido de los síntomas de depresión mayor y pensamientos suicidas. La ketamina es un fortísimo anestésico veterinario, aunque también lo usan los humanos como alucinógeno en forma recreativa. “Desde el año 2000 hasta la actualidad, el consumo de ketamina ha llegado a ser conocido incluso por los expertos en drogadependencias que, en estos temas, son como los padres: los últimos en enterarse”, subraya Eduardo Hidalgo en su libro Ketamina, haciendo hincapié en la falta de información del personal que trabaja en el ámbito de la prevención. El estudio doble ciego, cuyos resultados fueron publicados en The American Journal of Psychiatry, comparó el tratamiento estándar más una formulación intranasal de esketamina, parte de la molécula de ketamina, con el tratamiento estándar más un placebo para el tratamiento rápido de los síntomas de la depresión mayor, incluido el suicidio, entre las personas con riesgo de suicidio inminente. El estudios encontró que la ketamina logró una mejora significativa en los puntajes de depresión y la disminución de la idealización suicida

Para la investigación, los científicos contaron con 68 participantes asignados aleatoriamente a uno de dos grupos, ya sea que recibieran esketamina o placebo dos veces a la semana durante cuatro semanas. Todos los participantes continuaron recibiendo tratamiento con antidepresivos en todas partes y los científicos analizaron los efectos a las cuatro horas después del primer tratamiento, a las 24 horas y a los 25 días. El trabajo, realizado por investigadores de Janssen Research and Development y Janssen Scientific Affairs, Estados Unidos, y la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, en New Haven, encontró una mejora significativa en los puntajes de depresión y la disminución de la idealización suicida en el grupo esketamina en comparación con el grupo placebo a las cuatro horas y a las 24 horas. Los efectos de la esketamina no fueron mayores que el placebo a los 25 días. La medición del riesgo de suicidio tuvo en cuenta las perspectivas tanto del paciente como del médico. Diferentes fases Los resultados del trabajo apoyan la esketamina en aerosol nasal como un posible tratamiento rápido y eficaz para los síntomas depresivos en pacientes que se considera que tienen un riesgo inminente de suicidio, según los autores. La esketamina podría ser un tratamiento importante para cerrar la brecha que existe debido al efecto retardado de la mayoría de los antidepresivos comunes. La mayoría de los antidepresivos tardan de cuatro a seis semanas para volverse completamente efectivos. Se trató de un estudio de prueba de concepto, en fase dos, para esketamina; todavía debe pasar por un estudio de fase tres antes de la posible aprobación de la agencia estadounidense del medicamento (FDA, por sus siglas en inglés). Los autores advierten que se necesita más investigación sobre el potencial de abuso de ketamina. Fuente; EuroPress.

A continuación la opinión sobre el tema del Staff Profesional de nuestra Fundación. Hemos comentado en otras ocasiones, que las sustancias en sí, aunque a la gente le gusta hablar de "la droga", no son las protagonistas del fenómeno de las adicciones a las mismas. Un viejo aforismo que se usaba en la Cátedra de Toxicología (Facultad de Medicina, UBA) era que no era adicto quien quería, sino quien "podía", esto es el que reunía las condiciones necesarias y suficientes como para hacer un intercambio entre el sujeto y el objeto y sin la participación activa del primero era imposible llegar a constituir un abuso de sustancias o una dependencia a éstas. Dijimos anteriormente, que en estos momentos se está produciendo un creciente uso extensivo de la marihuana, en formas que no han indicado hasta el presente un incremento en su faz adictiva, que recordemos nunca pasa del 5% de la masa del total de consumidores de una sustancia y con valores similares en todo el mundo y ésto ha llevado a que muchos estados dentro de los Estados Unidos, amén de países como Uruguay y Canadá, tan luego, consideren a ésta fuera de los indicadores tradicionales que la consideraban una droga prohibida. Esto ha llevado a las Naciones Unidas a recomendar hace apenas dos meses, que la marihuana se la saque de la lista dos que es la de sustancias psicoactivas prohibidas. Este nuevo uso de la sustancia ketamina del artículo en cuestión, con valores aceptables e interesantes para modificar tendencias depresivas graves con ideación suicida, habla claramente en el sentido que las sustancias no son ni buenas ni malas; tal como lo dijo Paracelso, sólo dependen de su dosis. En efecto, uds verán que cualquier medicamento que suele estar constituido por una o más sustancias activas, en su prospecto de uso, contempla a su vez los límites que tiene en cuanto a cantidad de productos a ser consumidos en función de peso, cantidad y edad. No hay medicamento sin contraindicaciones. La ketamina nos tenía preocupados porque muchas veces se la ha usado en formas incluso peligrosas, necesitando para resolver el caso agudo de una intervención de emergencia toxicológica. Esta nueva etapa en su conocimiento le da una función de utilidad, para cuestiones de suma importancia como ser la ideación suicida, secuencialmente originada por depresión grave. Bienvenida esa utilidad, no presupongamos como alguna vez se afirmó tontamente y en forma irresponsable, que "de una cosa mala, no puede salir algo bueno", temeraria afirmación que hizo un profesor de medio interno al serle preguntado sobre qué opinaba de las factibilidades terapéuticas de la marihuana. Esperamos que haya reparado en su error, y observe entonces que se le vuelve a repetir este desacomode de su paradigma erróneo, al aparecer esta útil información, en un medio científico prestigioso, sobre las posibilidades médicas de la sustancia ketiamina.

“La vida de un pibe vale 12.500 pesos”

La Justicia multó a Daniel Andrés Stofd, acusado de liberar la zona donde fue asesinado el niño. La querella pidió su exoneración. Por Carlos Rodríguez de Página 12. “Para la Justicia argentina la vida de un pibe pobre vale 12.500 pesos”. La frase corrió de boca en boca, luego de escucharse la condena de multa que se le aplicó al prefecto Daniel Andrés Stofd por un hecho evidente de “zona liberada” por las fuerzas de seguridad, que permitió “una balacera de (al menos) 105 disparos”. Como resultado del enfrentamiento entre dos bandas narco fue asesinado Kevin Molina, de 9 años, muerte evitable si Stofd, junto con otros prefectos y gendarmes que custodiaban el área, hubieran puesto fin a un tiroteo de tres horas que aterrorizó a los vecinos del barrio Zavaleta, en Barracas, que hicieron nueve llamados de auxilio al 911, sin respuesta positiva. El juzgado unipersonal a cargo de Edmundo Rabbione consideró que Stofd es culpable por no haber cumplido con su deber, pero desechó la pena máxima de dos años de prisión solicitada por la querella y la Fiscalía. Optó por una pena de multa de 12.500 pesos (el prefecto cobra un sueldo de “47.000 en mano”, según dijo en el juicio), más una inhabilitación de un año para ocupar cargos públicos. La querella le pidió al Ministerio de Justicia “la inmediata exoneración de Stofd”. El juicio se hizo en el tercer piso de los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950, en Retiro, en el despacho del juez, tan exiguo como la pena de Stofd. Apenas una decena de personas, entre ellas Roxana Benega, la mamá de Kevin, y Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa, y padrino del niño asesinado, pudieron presenciar en silencio, la lectura de una sanción que les pareció “lamentable”. En las escalinatas de la sede judicial, Levy comunicó la decisión judicial a decenas de vecinos y familiares que no pudieron ingresar al recinto. Los alentó a “seguir luchando para que se acabe la impunidad de las fuerzas de seguridad”. Ante el lógico desaliento general, Levy recordó como hecho positivo que “después del asesinato de Kevin nos organizamos nosotros para controlar el accionar de la policía que está en el barrio y nos debemos felicitar por todas las muertes de pibes que pudimos evitar desde entonces”. Roxana Benega, que mostró su temple al declarar ante el juez, no pudo hablar con los periodistas, sólo agradeció a sus vecinos por el apoyo recibido, y se largó a llorar, abrazada a Levy. Sobre la vereda del juzgado se había instalado una bandera de la organización barrial La Poderosa que decía: “9 llamados al 911, hubo zona liberada”. El abogado querellante Luciano Ortíz Almonacid le dijo a PáginaI12 que “ahora que el gobierno está enviando una reforma de campaña del Código Penal en la que le da más poder a las fuerzas de seguridad, nosotros pensamos que en lugar de eso, se tiene que disponer el control democrático y popular de esas fuerzas, porque las Ongs son las que deben controlarlas”. El abogado exigió al ministro de Justicia, Germán Garavano, que “en lugar de instalar oficinas de acceso a la Justicia, que instale oficinas de las Ongs para que controlen el acciona delictivo de las fuerzas de seguridad, para que los que cometen delitos puedan ser juzgados y condenados rápidamente”. En ese sentido, recalcó que “no tiene sentido que se organicen oficinas de control de las propias fuerzas, porque eso no sirve”.

Sobre el Caso Kevin, recordó que en este juicio “la Fiscalía apoyó el pedido de la querella para que se investigue la responsabilidad de los otros integrantes de las fuerzas”, tanto de Prefectura como de Gendarmería, pero el juez Rabbione denegó esa posibilidad. Ortiz Almonacid recordó que en el juicio quedó probado que “el jefe del operativo, por parte de la Prefectura, era Juan Manuel Lee, que nunca antes había aparecido y lo dijo el propio defensor de Stofd, pero el juez no lo tuvo en cuenta”. Además, “surgió una interna entre las fuerzas, porque los de Prefectura dijeron que los de Gendarmería tuvieron que haber intervenido porque ellos tenían dos puestos de vigilancia” muy cerca del lugar del tiroteo. El querellante le explicó a este diario que ahora van a analizar junto con la fiscalía los fundamentos del fallo, que tiene unas 20 carillas y que no fue leído en la audiencia. Luego de la lectura deben decidir “si hacemos una denuncia penal sobre las omisiones o si presentamos un recurso de Casación”. Señaló que los oficiales de Gendarmería, alrededor de seis agentes, que estuvieron en funciones el 7 de septiembre de 2013, cuando fue asesinado Kevin, “nunca fueron indagados, aunque nosotros pedimos que fueran llamados a indagatoria”. En el juicio contra Stofd, fueron dos integrantes de las fuerzas de seguridad los que imputaron a los gendarmes. “Eso es nuevo, surgió en este juicio, pero el juez no hizo lugar al pedido de extracción de los testimonios para abrir una nueva investigación”. Ortiz Almonacid señaló que “más allá del trago amargo de esta condena de multa, no podemos dejar de lado que es una condena contra un prefecto que fue cuidado por la Prefectura, que lo ascendió y lo trasladó a Entre Ríos, y nosotros entendemos que esto tiene que dar lugar a su exoneración de la fuerza, porque eso es lo menos que se puede hacer en estas circunstancias”. A continuación la opinión sobre el tema del Staff Profesional de nuestra Fundación. Una vez más y contra la alegría falsa y desnutrida de ideas que siempre se solaza con las muertes a tiros de personas que por vivir en un barrio son ignoradas, en este caso nos encontramos con un despropósito producido por la falta de intervención concreta para evitar la violencia, por parte de las fuerzas de seguridad. Recordemos que como lo hemos señalado de alguna manera, la cuestión de lo que mucha gente estima la "lucha contra las drogas" y dentro de la misma el accionar de las fuerzas policiales o de seguridad, se traduce en la mayoría de los casos, en "excesos" o ausencias que en este caso dan por configurado el hecho de lo que se llama "zona liberada". Esto significa que frente a la posibilidad de un hecho delictivo o el enfrentamiento entre bandos en una guerra de apropiación de territorio o disputas de ganancias, se deja sin vigilancia esa zona para que los delincuentes puedan accionar o para que el favorecido (grupo o persona) pueda actuar sin tener que confrontar con las fuerzas del orden. En este caso, la víctima del enfrentamiento a tiros fue un joven y como siempre es difícil establecer responsabilidades o castigos adecuados, esto es dentro del Código la pena que le corresponda al delito cursado, ni más ni menos. Y en estos casos el eslabón superior, esto es la Justicia, suele ser laxa o complaciente incluso con los delitos de gatillo fácil o las investigaciones y castigos que debería emprender con el fin de establecer los principios mínimos de la práctica de justicia. Cuál sería la explicación de ésto? Indudablemente que nosotros estamos acostumbrados, casi diríamos sin necesidad de pensarlo, a controlar o ignorar a los que están ya predestinados a ésto; ésto es pobres, gente con escasos recursos de conocimiento o representación social adecuada y pertenecientes a espacios físicos urbanos y suburbanos que son vistos con cautela y miedo. Y obviamente en esos casos, o no son noticia o son vistos como la noticia negativa del día, lo que hace que una buena cantidad de la población ya instrumentada para reactivar y hacer más fuerte sus propios prejuicios, vea con alegría incluso que un ladrón de poca cuantía es "ajusticiado" por muchedumbres enfurecidas y envalentonadas a partir del grupo, para ejercer estos actos por propia cuenta o ignorar naturalizándolo, todo hecho como el que se trata en la noticia de fragante falta de intervención activa del Estado para ejercer su rol; esto es la regulación de la vida entre las distintas personas, para salir del estadío de tribu primaria en búsqueda de subsistencia. A qué vamos con ésto? Que hay que mirar con atención, y vamos a profundizar este tema, porque en estos momentos, amén de la ignorancia de muchos hechos donde se ejerció la violencia con balazos por la espalda a gente indefensa, se da otra como ya se ha dicho donde la gente ejecuta a alguien con un criterio de destruir al par que lo molesta, sin percibir jamás que quien lo explota en múltiples formas, que seguramente está mucho más acostumbrado a sacar bienes sin permiso, ni siquiera es visto como un delincuente que incide sobre su vida práctica y se va hacia una situación naturalizada donde los enfrentamientos entre pares, alivian la preocupación de los que más tienen y no les preocupa su prójimo en el sentido de observar estos enfrentamientos, lesiones y muertes, como una suerte de juego maléfico en el cual se matan los que directamente no deben molestar a los más beneficiados.

Le apuntan al tandilense Luciano Grasso por el cierre definitivo de los centros para adictos.

Entidades que luchan contra las drogas afirman que el Gobierno nacional busca cerrar los centros de rehabilitación de adictos para 2020, en el marco de la reglamentación de la Ley de Salud Mental. Aseguraron que Grasso, director nacional de Salud Mental y Adicciones, está convencido de que “son campos de concentración que coartan la libertad de las personas y le quitan el derecho a drogarse que tienen, basándose en la libertad individual que los precede”. El especialista en drogas y presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, Claudio Izaguirre, le apuntó al funcionario tandilense Luciano Grasso, director Nacional de Salud Mental y Adicciones, a partir de la decisión del Gobierno nacional de cerrar los centros de reahbilitación de adictos a partir de enero de 2020, como marca la reglamentación de la Ley de Salud Mental. A través de un comunicado, Izaguirre explicó que el último jueves, mantuvo un encuentro con autoridades del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, quienes sin decirlo confirmaron la desaparición definitiva a partir de enero de 2020 de todos los centros de rehabilitación de adictos, como así lo marca la reglamentación de la Ley de Salud Mental. La reunión tuvo lugar en la oficina 1206 del piso 12 del Ministerio, a las 12, y participaron el Dr. Mario Kaler, secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgo, y el Lic. Luciano Grasso, director Nacional de Salud Mental y Adicciones; Claudio Izaguirre, de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, y Lisandro Juri del Centro Terapéutico Amanecer. Izagruirre sostuvo que “lo primero que dijo Kaler fue que estaban trabajando en el tema de los centros de rehabilitación, a lo que le respondí que podían avisar a los medios de comunicación que los centros de rehabilitación no se cerrarían. Kaler indicó lacónicamente que ‘en esta mesa nadie ha dicho eso, no ponga en nuestra boca cosas que no hemos dicho’, confirmando así el cierre definitivo de las casas de tratamiento para drogadependientes”. El titular de la asociación civil sostuvo que “más tarde en off, otros funcionarios que observaban las alternativas de la reunión confirmaron a los visitantes que efectivamente los centros de rehabilitación deberán cerrar en forma definitiva o cambiar su denominación a centros de tránsito, bajo la modalidad de Reducción de Daño”. Y explicó que “la reducción de daño es una metodología que pretende enseñar a los adictos cómo consumir drogas con menos daño, sistema que se viene utilizando en la ciudad de Rosario y que ha convertido a esa localidad en la pequeña Sinaloa Argentina”. El “verdugo” Enojado con esta medida, Izaguirre afirmó que “el brazo ejecutor y por ende el verdugo, será el Licenciado Luciano Grasso, convencido de que los espacios de rehabilitación son campos de concentración que coartan la libertad de las personas y le quitan el derecho a drogarse que tienen, basándose en la libertad individual que los precede”. Retomando el encuentro, manifestó que “ni el verdugo, ni Kaler se animaron a ahondar en el tema de las internaciones compulsivas del adicto en crisis, sólo se escudaron en la Ley de Salud Mental, aduciendo que tiene un mecanismo de internación. Lo que no quieren explicar es que ese mecanismo puede llevar al hospital al afectado, donde se lo medica y se lo devuelve al hogar, con el agravante que el enfermo enajenado tiene un nuevo motivo para agredir al grupo familiar que ha llamado a la policía y a un médico psiquiatra en busca de ayuda”. El especialista sostuvo que la Ley de Salud Mental entiende la internación compulsiva como secuestro y procesa como secuestrador al médico tratante, quitándole el título habilitante, siendo ésta construcción jurídica la que obliga al médico psiquiatra, cuando es consultado por la familia del adicto, a decir “no existe criterio médico para ordenar la internación”, dejando así sin cobertura alguna a personas con estados paranoicos y brotes psicóticos o esquizofrénicos. Por último, Izaguirre expresó que “tras la actitud de las autoridades del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación que no dialoga, sino que pretende monologar, que no busca el consenso sino que ejecuta políticas que condenan a la cárcel o a la muerte al adicto, como sucedió con el caso Pity Álvarez y otros, no nos dejan otro camino que convocar a las madres de adictos de todo el país a no votar a Cambiemos en las próximas elecciones”.

A continuación la opinión sobre el tema del Staff Profesional de nuestra Fundación. Es importante hacer algunas aclaraciones respecto de los comentarios que aparecen en el artículo precedente: 1) Es cierto que se prevee el cierre de las Comunidades Terapéuticas tal cual las conocemos al día de hoy, por qué, porque así como están planteadas son monovalentes, al igual que los neuropsiquiátricos que también deben cerrar o adecuarse a lo establecido por la Ley de Salud Mental. Esto no significa, sin embargo, que toda aquella persona que requiera de internación, siempre que exista riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, no cuente con este servicio. Lo que nos lleva a la siguiente explicación 2) No es cierto que no existan internaciones, lo que ocurre es que para establecer ese riesgo cierto e inminente, es necesario una evaluación de un equipo interdiscipllinario, es decir, no alcanza con el saber médico únicamente, dado que la salud no es sólo ausencencia de enfermedad y a la salud pueden contribuir distintas personas con diferentes saberes y experticias. Por tanto, no es real que alguien que padezca un brote psicótico quede sin atención, sino que se evaluará cuál es la mejor atención y se procurará que de ser la internación sea lo más breve posible, evitando los tan conocidos casos de cronicidad que sólo empeoran el cuadro de quien tiene unpadecimiento mental. 3) Con respecto a las afirmaciones que se hacen de la Reducción de Riesgos y Daños, es necesario, primero hacer una distinción. En el tema de las sustancias existen distintos tipos de forma de consumo: el uso, que para que sea fácilmente entendido podemos ejemplificar con la copa de vino que acompaña la cena de muchas personas, sin que ésto significo nada que altere su vida; el abuso, siguiendo con el ejemplo de la droga legal alcohol, sería ese persona que por caso, no pueda hacer determinadas acciones sin la presencia de esta sustancia para poder asumirlas, acabe aclarar, que no es necesariamente un acto conciente, es más bien mecánico, y podríamos resumirlo en ese consumo que está regularizado en tiempo y espacio; por último, estaría la dependencia y/o adicción, que sería aquella persona que no puede hacer otra cosa más que “vivir para“ consumir, en el ejemplo, alcohol todo el tiempo. Estas distintas formas, no tienen que ser vistas como estadíos, es decir, no es que un usuario necesariamente pase a ser abusador y luego de un tiempo adicto, sin importar de qué sustancia estemos hablando. Ahora bien, en cada uno de esos tipos de consumo, podríamos pensar la Reducción de Riesgos y Daños de una forma diferente: en el caso del uso, esta sirve para evitar incidentes no deseados y graves ante el desconocimiento de efectos y consecuencias de la/s sustancia/s involucrada/s. Con respecto al abuso, y siendo que aquí la persona se encuentra más comprometida con el consumo de la/s sustancia/s, no sería como dice el artículo enseñarle a consumir (cosa que ya saben) sería evitar, no sólo lo antes mencionado, sino también cuestiones de salud asociadas o consecuentes. Por último, en el caso de la adicción, y a sabiendas de que difícilmente una persona en esta condición llegue a algún tipo de tratamiento, lo que se busca es minimizar el daño que le produce ese consumo continuo, lo que también se aplica en personas que han fracasado en una enorme cantidad de diversos tratamiento y entonces se ofrece esta alternativa como forma de evitarle daños mayores. Dudamos que alguien pueda cuestionar la ley que establece que en las marquillas de cigarrillos aparezcan imágenes y leyendas que explicitan el daño que produce consumir esta sustancia. Eso es reducción de riesgos y daños. 4) Por último, hay aclarar que si Rosario fuera, tal como mencionan, la pequeña Sinaloa Argentina, ésto nada tiene que ver con la Reducción de Riesgos y Daños, sino más bien con el fántastico negocio que implica comercializar con mercancías prohibidas, sean éstas del tipo que sean, valga como ejemplo sino, lo ocurrido durante la famosa Ley Seca en Estados Unidos.

Compra multimillonaria en el negocio de la marihuana de Estados Unidos.

Curaleaf adquiere Cura Cannabis Solutions por casi 1.000 millones de euros para operar en 15 Estados donde está legalizada esta sustancia. La economía de la marihuana legal en Estados Unidos recibió este miércoles un nuevo empujón de confianza. Curaleaf Holdings, un entramado que controla desde la producción de marihuana hasta dispensarios en 12 estados, anunció la absorción de Cura Cannabis Solutions, la compañía más importante del sector en el estado de Oregón, en un acuerdo valorado en 1.200 millones de dólares. Se trata del mayor acuerdo entre compañías de venta legal de marihuana en Estados Unidos. Curaleaf Holdings tiene sede en Massachussetts y cotiza en el mercado canadiense. "La adquisición de Cura Cannabis y la marca Select Oils es otro paso en nuestro camino para crear la marca de cannabis más potente y accesible de EE UU", dijo Joseph Lusardi, director ejecutivo de Curaleaf Holdings en un comunicado citado por Efe. Las acciones de Curaleaf han doblado su precio en lo que va de 2019 y el miércoles subieron un 11% después del anuncio. Cura Cannabis es la cuarta compañía de productos de cannabis en EE UU y vende aceites de cannabis en cartuchos vaporizadores bajo la marca Select Oils. Tiene más de 900 dispensarios y opera en los estados de California, Arizona y Nevada. En 2018, triplicó sus ingresos hasta los 117 millones de dólares. En Estados Unidos existe un mercado semitolerado de productos de marihuana para uso medicinal desde que California lo legalizó en 1996. En 2012, los estados de Colorado y Washington legalizaron su uso recreativo y se disparó la excitación en el sector por un posible futuro a medio plazo en el que la marihuana sería completamente legal y los primeros en llegar se harían millonarios. El espaldarazo definitivo fue la legalización en California en 2016, que se convirtió en el experimento de marihuana legal más grande del mundo con 39 millones de habitantes. El mercado, sin embargo, está fuertemente constreñido por regulaciones locales, límites a la producción, la discrecionalidad de las autoridades a la hora de conceder permisos y, sobre todo, porque la marihuana sigue una droga ilegal a nivel federal, lo cual genera inseguridad jurídica a la hora de hacer grandes inversiones. Según avanza la legalización y la posibilidad de grandes negocios se hace más evidente, el mercado está viendo una tendencia a la consolidación con acuerdos como el de Cura Cannabis. Dentro de los infinitos submercados que han surgido alrededor de los productos de la marihuana, el acuerdo anunciado esta semana pone el foco en la popularidad de los vaporizadores de Cura Cannabis. Esta empresa, además de comercializar su propia marca, es proveedora de muchas de las marcas de cannabis del mercado. Cura Cannabis también comercializa aceites sin THC (el agente psicoactivo de la marihuana), productos que han incrementado sus ventas por aportar efectos relacionados con el bienestar.

El último informe de la consultora de referencia Arcview sobre el mercado de la marihuana afirma que el gasto en productos legales de la planta en 2018 llegó a los 11.000 millones de dólares, la mayoría de ellos en Estados Unidos. La consultora ha estimado un crecimiento del mercado alrededor del 37% anual desde 2013 y apunta que el año pasado creció un 20%. Arcview lo atribuye a que los dos mercados legales más grandes del mundo, Canadá y California, han puesto más dificultades de las esperadas incialmente por la industria al desarrollo en la práctica de estos negocios. En el verano de 2018 llegó la señal más importante sobre la dirección del mercado cuando el gigante de las bebidas Constellation Brands (Corona, Modelo, Pacífico) anunció una inversión de 4.000 millones de dólares en la empresa canadiense de cannabis Canopy Growth. Cameron Forni, director ejecutivo de Cura Cannabis, dijo que tras la fusión de las compañías de la costa este y oeste del país "unirán fuerzas para avanzar en la legalización y la aceptación generalizada de la marihuana en todo EE.UU". Las compañías combinadas operarán en 15 Estados. Entre aquellos que han legalizado completamente su uso recreativo y los que permiten el uso medicinal con amplitud de miras, el consumo de marihuana está despenalizado a nivel estatal en la mitad de Estados Unidos, cuyo gobierno la considera ilegal. Forni será nombrado el nuevo presidente de Curaleaf tras la unión de ambas empresas. El valor de la transacción deja claro el potencial que los inversores ven en el panorama comercial del sector del cannabis. La unión de ambas compañías surge cuando en el Estado de Oregón se han frenado las licencias al haber alcanzado la producción de marihuana reservas suficientes para su distribución durante los próximos seis años y medio. A continuación la opinión sobre el tema del Staff Profesional de nuestra Fundación. No estamos promoviendo el uso de tal o cual sustancia, tampoco es para rasgarse las vestiduras porque hemos dicho varias veces que en nuestro país, las sustancias que más provocan incidentes de todo tipo y trabajo particularmente severo entre el viernes por la noche y el domingo a la madrugada, son los psicofármacos y psicotrópicos de producción legal. Lo que se destaca en esta noticia y por esto a la vez lo retomamos, es el hecho que hay cada vez más estados en los Estados Unidos (16 afirma el artículo), que han liberado el consumo de esta sustancia, lo que indica algo que también habíamos afirmado; esto es que los usos y las costumbres hacen que cualquier objeto, circunstancia o conducta va a depender de su tiempo y de determinadas opciones para configurarse como bueno, malo o indiferente, como ha pasado con tantas cosas a lo largo de la historia. Vendría bien que cada persona que lea este artículo, haga un repaso mental sobre las cosas que estaban bien vistas o eran aceptadas en tiempos de sus padres o abuelos, como lo contrario, mal vistas y hoy en uno u otro sentido han cambiado su lugar y calificación. Con esto no estamos propiciando como suele a veces confundirse por personas que no quieren razonar, el consumo de sustancia alguna, todo lo contrario, pero tampoco podemos condenar o creer que es el mal de males o que también puede ser la puerta por la que se aborda todo el tema de sustancias, dado que para tener las condiciones de adicción y lo repetimos, se necesita constitución y ambiente. En definitiva, conviene darse cuenta, también, que en la medida en que algo se convierte en normalizado, más aun tendremos que tener la visión, que si cabe algún tipo de tratamiento, va a tener que ser en el ámbito de la salud, y no como una cuestión de delito. Y por lo tanto, tampoco de índole obligatoria y no sustitutiva. Pasa igual que con el alcohol; es una droga más allá de que mucha gente no la ve como tal; tiene un adhesión problemática mucho más severa que la marihuana o la cocaína y sin embargo, al no estar prohibido como mucho lo único que podemos hacer es tratarlo, porque ya se lo concibe así con esa ubicación en el ámbito "saludable". Y esto más allá de los comentarios horrorizados y más vale ignorantes de muchos opinólogos, estamos ante un hecho ya dimensionado de otra forma y que debemos admitir y enfrentar, en todo caso, con las herramientas apropiadas: educación y prevención.