“La vida de un pibe vale 12.500 pesos”

La Justicia multó a Daniel Andrés Stofd, acusado de liberar la zona donde fue asesinado el niño. La querella pidió su exoneración. Por Carlos Rodríguez de Página 12. “Para la Justicia argentina la vida de un pibe pobre vale 12.500 pesos”. La frase corrió de boca en boca, luego de escucharse la condena de multa que se le aplicó al prefecto Daniel Andrés Stofd por un hecho evidente de “zona liberada” por las fuerzas de seguridad, que permitió “una balacera de (al menos) 105 disparos”. Como resultado del enfrentamiento entre dos bandas narco fue asesinado Kevin Molina, de 9 años, muerte evitable si Stofd, junto con otros prefectos y gendarmes que custodiaban el área, hubieran puesto fin a un tiroteo de tres horas que aterrorizó a los vecinos del barrio Zavaleta, en Barracas, que hicieron nueve llamados de auxilio al 911, sin respuesta positiva. El juzgado unipersonal a cargo de Edmundo Rabbione consideró que Stofd es culpable por no haber cumplido con su deber, pero desechó la pena máxima de dos años de prisión solicitada por la querella y la Fiscalía. Optó por una pena de multa de 12.500 pesos (el prefecto cobra un sueldo de “47.000 en mano”, según dijo en el juicio), más una inhabilitación de un año para ocupar cargos públicos. La querella le pidió al Ministerio de Justicia “la inmediata exoneración de Stofd”. El juicio se hizo en el tercer piso de los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950, en Retiro, en el despacho del juez, tan exiguo como la pena de Stofd. Apenas una decena de personas, entre ellas Roxana Benega, la mamá de Kevin, y Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa, y padrino del niño asesinado, pudieron presenciar en silencio, la lectura de una sanción que les pareció “lamentable”. En las escalinatas de la sede judicial, Levy comunicó la decisión judicial a decenas de vecinos y familiares que no pudieron ingresar al recinto. Los alentó a “seguir luchando para que se acabe la impunidad de las fuerzas de seguridad”. Ante el lógico desaliento general, Levy recordó como hecho positivo que “después del asesinato de Kevin nos organizamos nosotros para controlar el accionar de la policía que está en el barrio y nos debemos felicitar por todas las muertes de pibes que pudimos evitar desde entonces”. Roxana Benega, que mostró su temple al declarar ante el juez, no pudo hablar con los periodistas, sólo agradeció a sus vecinos por el apoyo recibido, y se largó a llorar, abrazada a Levy. Sobre la vereda del juzgado se había instalado una bandera de la organización barrial La Poderosa que decía: “9 llamados al 911, hubo zona liberada”. El abogado querellante Luciano Ortíz Almonacid le dijo a PáginaI12 que “ahora que el gobierno está enviando una reforma de campaña del Código Penal en la que le da más poder a las fuerzas de seguridad, nosotros pensamos que en lugar de eso, se tiene que disponer el control democrático y popular de esas fuerzas, porque las Ongs son las que deben controlarlas”. El abogado exigió al ministro de Justicia, Germán Garavano, que “en lugar de instalar oficinas de acceso a la Justicia, que instale oficinas de las Ongs para que controlen el acciona delictivo de las fuerzas de seguridad, para que los que cometen delitos puedan ser juzgados y condenados rápidamente”. En ese sentido, recalcó que “no tiene sentido que se organicen oficinas de control de las propias fuerzas, porque eso no sirve”.

Sobre el Caso Kevin, recordó que en este juicio “la Fiscalía apoyó el pedido de la querella para que se investigue la responsabilidad de los otros integrantes de las fuerzas”, tanto de Prefectura como de Gendarmería, pero el juez Rabbione denegó esa posibilidad. Ortiz Almonacid recordó que en el juicio quedó probado que “el jefe del operativo, por parte de la Prefectura, era Juan Manuel Lee, que nunca antes había aparecido y lo dijo el propio defensor de Stofd, pero el juez no lo tuvo en cuenta”. Además, “surgió una interna entre las fuerzas, porque los de Prefectura dijeron que los de Gendarmería tuvieron que haber intervenido porque ellos tenían dos puestos de vigilancia” muy cerca del lugar del tiroteo. El querellante le explicó a este diario que ahora van a analizar junto con la fiscalía los fundamentos del fallo, que tiene unas 20 carillas y que no fue leído en la audiencia. Luego de la lectura deben decidir “si hacemos una denuncia penal sobre las omisiones o si presentamos un recurso de Casación”. Señaló que los oficiales de Gendarmería, alrededor de seis agentes, que estuvieron en funciones el 7 de septiembre de 2013, cuando fue asesinado Kevin, “nunca fueron indagados, aunque nosotros pedimos que fueran llamados a indagatoria”. En el juicio contra Stofd, fueron dos integrantes de las fuerzas de seguridad los que imputaron a los gendarmes. “Eso es nuevo, surgió en este juicio, pero el juez no hizo lugar al pedido de extracción de los testimonios para abrir una nueva investigación”. Ortiz Almonacid señaló que “más allá del trago amargo de esta condena de multa, no podemos dejar de lado que es una condena contra un prefecto que fue cuidado por la Prefectura, que lo ascendió y lo trasladó a Entre Ríos, y nosotros entendemos que esto tiene que dar lugar a su exoneración de la fuerza, porque eso es lo menos que se puede hacer en estas circunstancias”. A continuación la opinión sobre el tema del Staff Profesional de nuestra Fundación. Una vez más y contra la alegría falsa y desnutrida de ideas que siempre se solaza con las muertes a tiros de personas que por vivir en un barrio son ignoradas, en este caso nos encontramos con un despropósito producido por la falta de intervención concreta para evitar la violencia, por parte de las fuerzas de seguridad. Recordemos que como lo hemos señalado de alguna manera, la cuestión de lo que mucha gente estima la "lucha contra las drogas" y dentro de la misma el accionar de las fuerzas policiales o de seguridad, se traduce en la mayoría de los casos, en "excesos" o ausencias que en este caso dan por configurado el hecho de lo que se llama "zona liberada". Esto significa que frente a la posibilidad de un hecho delictivo o el enfrentamiento entre bandos en una guerra de apropiación de territorio o disputas de ganancias, se deja sin vigilancia esa zona para que los delincuentes puedan accionar o para que el favorecido (grupo o persona) pueda actuar sin tener que confrontar con las fuerzas del orden. En este caso, la víctima del enfrentamiento a tiros fue un joven y como siempre es difícil establecer responsabilidades o castigos adecuados, esto es dentro del Código la pena que le corresponda al delito cursado, ni más ni menos. Y en estos casos el eslabón superior, esto es la Justicia, suele ser laxa o complaciente incluso con los delitos de gatillo fácil o las investigaciones y castigos que debería emprender con el fin de establecer los principios mínimos de la práctica de justicia. Cuál sería la explicación de ésto? Indudablemente que nosotros estamos acostumbrados, casi diríamos sin necesidad de pensarlo, a controlar o ignorar a los que están ya predestinados a ésto; ésto es pobres, gente con escasos recursos de conocimiento o representación social adecuada y pertenecientes a espacios físicos urbanos y suburbanos que son vistos con cautela y miedo. Y obviamente en esos casos, o no son noticia o son vistos como la noticia negativa del día, lo que hace que una buena cantidad de la población ya instrumentada para reactivar y hacer más fuerte sus propios prejuicios, vea con alegría incluso que un ladrón de poca cuantía es "ajusticiado" por muchedumbres enfurecidas y envalentonadas a partir del grupo, para ejercer estos actos por propia cuenta o ignorar naturalizándolo, todo hecho como el que se trata en la noticia de fragante falta de intervención activa del Estado para ejercer su rol; esto es la regulación de la vida entre las distintas personas, para salir del estadío de tribu primaria en búsqueda de subsistencia. A qué vamos con ésto? Que hay que mirar con atención, y vamos a profundizar este tema, porque en estos momentos, amén de la ignorancia de muchos hechos donde se ejerció la violencia con balazos por la espalda a gente indefensa, se da otra como ya se ha dicho donde la gente ejecuta a alguien con un criterio de destruir al par que lo molesta, sin percibir jamás que quien lo explota en múltiples formas, que seguramente está mucho más acostumbrado a sacar bienes sin permiso, ni siquiera es visto como un delincuente que incide sobre su vida práctica y se va hacia una situación naturalizada donde los enfrentamientos entre pares, alivian la preocupación de los que más tienen y no les preocupa su prójimo en el sentido de observar estos enfrentamientos, lesiones y muertes, como una suerte de juego maléfico en el cual se matan los que directamente no deben molestar a los más beneficiados.