Canadá despenaliza la posesión de drogas en un plan piloto a tres años.

Se trata de un proyecto en Columbia Británica que busca tratar las adicciones en lugar de encarcelar a los consumidores.

En respuesta a un pedido de la provincia de Columbia Británica, la ministra de Salud Mental y Adicciones de Canadá, Carolyn Bennett, dijo que el 31 de enero de 2023 entrará en vigor una exención a la ley para permitir la posesión de opioides, cocaína, metanfetamina y otras drogas duras, por un periodo de tres años.

Los adultos de esta provincia de la costa Pacífica no podrán ser arrestados ni enfrentarán cargos por posesión de dosis personales de hasta 2,5 gramos de drogas duras, y la policía no podrá confiscar el producto.

En lugar de eso, los usuarios recibirán información sobre cómo acceder a ayuda médica para las adicciones. "Durante demasiados años, la oposición ideológica a la reducción del daño ha costado vidas", dijo Bennett en una conferencia de prensa al anunciar el programa piloto.

El año pasado, 107.000 estadounidenses fallecieron como consecuencia de una sobredosis -récord histórico-, más de 70.000 por fentanilo o por su mezcla con otras sustancias y resulta que el problema también crece en Canadá.

Desde 2016 a 2021, el país registró 26.000 muertes por sobredosis. De ellas, 9.400 han ocurrido en Columbia Británica, la provincia más golpeada por esta crisis.

A partir de la entrada en vigor de la exención, los ciudadanos no podrán ser detenidos o investigados por la posesión de esas drogas en una cantidad inferior a 2,5 gramos, ni se les confiscarán las sustancias. La medida no aplicará en aeropuertos, centros educativos o para los miembros del ejército de Canadá.

"El número estremecedor de vidas perdidas por la crisis de los opiáceos requiere decisiones agresivas y cambios regulatorios importantes", defendió la funcionaria. "Eliminar penas criminales para aquellos que tienen cantidades pequeñas de drogas ilícitas para consumo propio reducirá el estigma y el daño y proporcionará otra herramienta para que Columbia Británica acabe con su crisis de sobredosis", consideró.

La medida no implica la legalización de esas sustancias, sino que quienes lleven pequeñas cantidades no sean perseguidos. A su vez, las autoridades les ofrecerán información y recursos para tratar su adicción.

"El consumo de droga es un problema de salud pública, no un problema criminal", defendió Sheila Malcolmson, ministra de Salud Mental y Adicciones de Columbia Británica, que añadió que esta medida combatirá el estigma que impide a aquellos con problemas a buscar ayuda.

Por su parte, Kennedy Stewart, el alcalde de Vancouver dijo que la decisión "replantea en forma fundamental la política de drogas para favorecer la asistencia sanitaria en lugar de las esposas".