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lunes, 20 de diciembre de 2021
Salud mental: la Provincia pone en marcha la transformación de cuatro hospitales neuropsiquiátricos.
Por : Pablo Taranto de Tiempo Argentino.
El gobierno bonaerense dará mañana un paso clave en el proceso de desmanicomialización de la salud mental en la provincia, en línea con los postulados de la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada hace diez años y que preveía el cierre o la reconversión de las instituciones neuropsiquiátricas de encierro, en virtud de un nuevo enfoque de derechos de los pacientes.
Mediante un acto virtual que encabezará, a las 15 de este jueves, el ministro de salud Daniel Gollan, se iniciará la transformación de cuatro hospitales públicos monovalentes, que dejarán de ser manicomios para convertirse en instituciones sanitarias abiertas a las comunidades, con áreas culturales, recreativas y productivas.
El objetivo es, de acuerdo al comunicado difundido por la cartera sanitaria bonaerense, “construir otras formas de vida para las personas internadas por largas décadas y construir también proyectos de inclusión habitacional, de recreación y educativas”. Los hospitales “se abrirán a la comunidad y se incorporarán como otros efectores más dentro de un sistema que incluye a todos los hospitales y centros de atención primaria de la Provincia de Buenos Aires”.
Hay, según el censo realizado en 2019, más de 12 mil personas internadas en unos 162 instituciones neuropsiquiátricas en todo el país. Seis de cada diez están allí en contra de su voluntad. Y un 37,2% estarían en condiciones de ser externados, si tuvieran vivienda o existiera una red de dispositivos comunitarios, como casas de medio término, que pudiera albergarlos, fuera de los manicomios. La reglamentación de la ley sancionada en 2010 preveía que todos esos lugares debían estar cerrados para 2020, es decir, dentro de 20 días. Algo que obviamente no sucederá.
Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires da un paso crucial en esa dirección. El último relevamiento a nivel provincial arroja que son 1610 los pacientes que se encuentran en los cuatro hospitales monovalentes, y que el 43% de ellos ha estado internado por más de diez años.
En línea con este proyecto, desde este jueves comenzará a regir una nueva disposición para que no ingresen nuevos pacientes en los pabellones crónicos o de larga estadía, mientras continúan las estrategias de rehabilitación y la construcción de otras formas de vida en la comunidad alternativas al manicomio para los pacientes ya internados. Es decir que los procesos de internación ya no serán con modalidad manicomial. En cada hospital habrá camas de Salud Mental, con un régimen de estadía breve, además de algunas salas en donde se podrán internar pacientes de 30 a 90 días.
Además del ministro Gollan, participarán del anuncio el viceministro Nicolás Kreplak; la subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud Publica, Julieta Calmels; y el director provincial de Hospitales, Juan Riera.
A continuación el comentario del Staff Profesional de Nuestra Institución.
" La importancia de interesarnos por los seres humanos abandonados , a los cuales no debemos soltarles la mano sino cuidarlos y guiarlos, dándoles una posibilidad de adquirir presencia y ser vistos como sujetos plenos y con derechos dentro de nuestra sociedad "
viernes, 17 de diciembre de 2021
"Armas y Salud colectiva, los avances de la violencia en lo cotidiano."
Bloomberg Opinión — Cuando la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) calificó la violencia con armas de fuego como una “grave amenaza para la salud pública” en una entrevista reciente, puede parecer que se trata de política común y corriente. Pero no es así. Rochelle Walensky, directora de los CDC, ponía fin a más de dos décadas de un silencio oficial casi total sobre el tema, y sugería que por fin podría haber un enfoque mejor.
La última vez que un director de los CDC intentó abordar la violencia con armas de fuego fue a mediados de la década de 1990, cuando algunas de las investigaciones de la agencia habían relacionado la posesión de armas de fuego en el hogar con tasas más altas de muertes por armas de fuego. Un Congreso controlado por los republicanos, haciendo caso a los grupos de presión de la industria, aprobó rápidamente una ley que impedía a los CDC gastar recursos para “defender o promover el control de las armas”. Por si fuera poco, también recortó US$2,6 millones del presupuesto de la agencia, la cantidad exacta que se había gastado en la investigación sobre armas el año anterior.
Durante el siguiente cuarto de siglo, prácticamente toda la investigación sobre armas financiada por el gobierno federal se detuvo. Con pocas subvenciones disponibles, los académicos evitaron el tema. La investigación publicada se redujo en un 64% entre 1998 y 2012. Aunque la violencia con armas de fuego es la segunda causa de muerte entre los jóvenes estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos gastó solo US$12 millones para estudiar el tema (extendiendo un total de 32 subvenciones) entre 2007 y 2018. El cáncer, la tercera causa, recibió US$335 millones al año.
El resultado de esta abdicación es que preguntas políticas muy básicas siguen sin respuesta, incluso cuando las armas de fuego causan más de 30.000 muertes al año en Estados Unidos. ¿Las restricciones a las armas de asalto reducen la violencia? ¿Existen “mejores prácticas” que puedan prevenir los suicidios, los homicidios o las lesiones accidentales? ¿Qué reformas podrían impedir los tiroteos masivos? Según una estimación, el gobierno gasta aproximadamente un 1,6% más en estas cuestiones que en la investigación de las muertes en accidentes de tránsito.
Esta ignorancia deliberada es vergonzosa en sí misma. Pero la falta de investigación y datos sólidos hace que la respuesta a la epidemia de violencia con armas de fuego en Estados Unidos sea mucho más difícil. La evaluación de las iniciativas actuales es innecesariamente difícil, mientras que los nuevos enfoques (como los programas comunitarios de “interrupción de la violencia”) siguen adelante sin una base empírica sólida.
Afortunadamente, las cosas están empezando a cambiar. En 2018, el Congreso levantó efectivamente las restricciones a la investigación federal sobre armas. Al año siguiente, los legisladores aprobaron US$25 millones para tales estudios, divididos entre los CDC y el NIH. Con Walensky convirtiendo el tema en una prioridad, el progreso real parece posible.
Sin embargo, sigue habiendo escollos. Uno de ellos es que el Congreso debe mantener su compromiso de financiar la investigación sobre la violencia con armas de fuego (ya sea en los CDC o en otro lugar) a pesar de la oposición de los absolutistas de la Segunda Enmienda. El esfuerzo del gobierno federal para reducir las muertes por accidentes de tránsito, considerado ampliamente un éxito, requirió décadas de atención sostenida y generosa financiación. La investigación sobre la violencia de las armas no merece menos.
Un riesgo relacionado es la política. Pocos temas dividen más a los estadounidenses que las armas, y muchos legisladores republicanos siguen confundiendo cínicamente la financiación de la investigación con el activismo contra las armas. Pero una investigación objetiva que pueda arrojar luz sobre objetivos compartidos (como la reducción de accidentes y suicidios) debería contar con el apoyo de los legisladores de buena fe, sean cuales sean sus opiniones sobre los derechos de las armas.
En ese sentido, quizá el gesto más importante de Walensky fue un acercamiento explícito a los propietarios de armas. “No podemos entender la investigación sobre la violencia con armas de fuego, las lesiones por armas de fuego, sin abrazar de todo corazón a la comunidad de propietarios de armas de fuego”, dijo. “Vengan a la mesa. Únase a nosotros en la conversación”.
Para un tema que ha dividido al país durante demasiado tiempo, parece un buen comienzo.
La última vez que un director de los CDC intentó abordar la violencia con armas de fuego fue a mediados de la década de 1990, cuando algunas de las investigaciones de la agencia habían relacionado la posesión de armas de fuego en el hogar con tasas más altas de muertes por armas de fuego. Un Congreso controlado por los republicanos, haciendo caso a los grupos de presión de la industria, aprobó rápidamente una ley que impedía a los CDC gastar recursos para “defender o promover el control de las armas”. Por si fuera poco, también recortó US$2,6 millones del presupuesto de la agencia, la cantidad exacta que se había gastado en la investigación sobre armas el año anterior.
El resultado de esta abdicación es que preguntas políticas muy básicas siguen sin respuesta, incluso cuando las armas de fuego causan más de 30.000 muertes al año en Estados Unidos. ¿Las restricciones a las armas de asalto reducen la violencia? ¿Existen “mejores prácticas” que puedan prevenir los suicidios, los homicidios o las lesiones accidentales? ¿Qué reformas podrían impedir los tiroteos masivos? Según una estimación, el gobierno gasta aproximadamente un 1,6% más en estas cuestiones que en la investigación de las muertes en accidentes de tránsito.
Esta ignorancia deliberada es vergonzosa en sí misma. Pero la falta de investigación y datos sólidos hace que la respuesta a la epidemia de violencia con armas de fuego en Estados Unidos sea mucho más difícil. La evaluación de las iniciativas actuales es innecesariamente difícil, mientras que los nuevos enfoques (como los programas comunitarios de “interrupción de la violencia”) siguen adelante sin una base empírica sólida.
Afortunadamente, las cosas están empezando a cambiar. En 2018, el Congreso levantó efectivamente las restricciones a la investigación federal sobre armas. Al año siguiente, los legisladores aprobaron US$25 millones para tales estudios, divididos entre los CDC y el NIH. Con Walensky convirtiendo el tema en una prioridad, el progreso real parece posible.
Sin embargo, sigue habiendo escollos. Uno de ellos es que el Congreso debe mantener su compromiso de financiar la investigación sobre la violencia con armas de fuego (ya sea en los CDC o en otro lugar) a pesar de la oposición de los absolutistas de la Segunda Enmienda. El esfuerzo del gobierno federal para reducir las muertes por accidentes de tránsito, considerado ampliamente un éxito, requirió décadas de atención sostenida y generosa financiación. La investigación sobre la violencia de las armas no merece menos.
Un riesgo relacionado es la política. Pocos temas dividen más a los estadounidenses que las armas, y muchos legisladores republicanos siguen confundiendo cínicamente la financiación de la investigación con el activismo contra las armas. Pero una investigación objetiva que pueda arrojar luz sobre objetivos compartidos (como la reducción de accidentes y suicidios) debería contar con el apoyo de los legisladores de buena fe, sean cuales sean sus opiniones sobre los derechos de las armas.
Para un tema que ha dividido al país durante demasiado tiempo, parece un buen comienzo.
Armas y violencia La foto que desató un escándalo en Estados Unidos: “Papa Noel tráenos balas para Navidad”.
La postal fue publicada en Twitter por el representante republicano de Kentucky, Thomas Massie, con una leyenda: “¡Feliz Navidad! Por favor, Santa, traé municiones” y el emoji de un regalito. Varias de las armas son de guerra.
El tuit desató una ola de furia, incluso en un país que hace un culto de las armas, porque fue poco después de que un chico de 15 años matara el 30 de noviembre a 4 compañeros de la escuela secundaria de Oxford, Michigan, e hiriera a 7 con una pistola semiautomática que le habían regalado los padres para Navidad.
La controversia sobre la foto sucede poco después de que las autoridades acusaran a Ethan Crumbley de cuatro asesinatos y también de terrorismo causado con la pistola que habían comprado sus padres en el Black Friday de noviembre y que, según decía la familia, era su regalo de Navidad.
El contexto
Es una historia de terror. Los padres habían sido advertidos al menos dos veces por las autoridades del colegio de que Ethan tramaba algo peligroso: un profesor lo había descubierto intentando comprar municiones por internet y otro había visto un dibujo en el expresaba que habría un baño de sangre.
Los padres fueron citados al colegio y ellos minimizaron la situación. Solo le textearon al chico: “Que no te vean”. Pero Ethan había llevado ese día el arma al colegio y provocó igual la masacre. Cuando escucharon las noticias volvieron a textearle: “No lo hagas”. Ya era tarde.
En una medida excepcional, los padres también fueron acusados por homicidio involuntario y de no hacer nada cuando se los alertó de la situación de su hijo. Enterado de los cargos, el matrimonio se escapó. La Policía lanzó una cacería hasta que los encontraron el sábado en Detroit, luego de que retiraran 4.000 dólares de un cajero automático.
El caso reinició el debate sobre la ley de venta de armas y la discusión sobre el acceso a las armas de los niños (el matrimonio Crumbley tenía la pistola en un cajón sin llave) y si los padres deben ser culpados por lo que hacen sus hijos.
Estados Unidos es la sociedad más armada del mundo, con más de una por habitante. Han habido al menos 29 ataques en las escuelas en lo que va del año y 21 ocurrieron a partir de agosto, cuando se retomaron las clases presenciales.
La foto que posteó el diputado recalentó aún más la controversia. Los críticos acusaron a Massie de ser “insensible e irresponsable”, mientras quienes lo defendieron dijeron que no tenía ninguna conexión con el caso de Michigan.
“Estoy a favor de la Segunda Enmienda (que permite la libre compra y portación de armas), pero esto no es apoyo a tener y exhibir armas, esto es fetichismo de armas”, tuiteó Adam Rinzinger, representante republicano como Massie.
Fred Guttenberg, padre de Jamie, una chica que fue asesinada en el tiroteo en la secundaria Stoneman de Parkland de 2018, que dejó 17 muertos, posteó una foto de su hija y otra de su tumba. “Como estamos compartiendo fotos familiares, aquí está la mía”, escribió. “El asesino de Michigan y su familia solían tomarse fotos como la suya también”.
En una entrevista, Guttenbarg dijo que el posteo era “irresponsable” y que “incita e inspira” a los que tiene armas a hacer “cosas terribles” y resaltó que la madre de Crumbley había posteado en sus redes, poco antes del ataque en la escuela que había ido con su hijo a un polígono de tiro para probar “su nuevo regalo de Navidad”.
Massie ingresó al Congreso en 2012 y es uno de los tantos republicanos que se ha opuesto reiteradamente a cualquier proyecto de ley que controle o limite el acceso o uso de armas.
A pesar de las críticas, algunos conservadores han salido en su defensa. La representante de Colorado y activista pro armas Lauren Boebert tuiteó: “Esa es mi clase de postal de Navidad”. Otro republicano, José Castillo, escribió: “Todo lo que quiero para Navidad es….más funcionarios electos como Thomas Massie”.
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