( Parte II. Los Interrogantes ). Investigan la muerte dudosa de un chico derivado a una granja no habilitada de Buenos Aires.

Los interrogantes

Algunos de esos interrogantes los expresó esta semana en las redes el periodista porteño Pablo Galfré, quien desde hace años investiga casos de jóvenes víctimas de terapias en granjas y centros donde denuncia que se los "priva de su libertad y los más elementales derechos humanos".

Galfré compiló la problemática en el libro "La comunidad. Viaje al abismo de una granja de rehabilitación", donde citó los casos de San Camilo.

Este diario publicó en 2017 una nota sobre el tema, tal como ilustra la foto, y los legisladores Carlos Del Frade, en Diputados, y Celeste Lepratti, en el Concejo, habían pedido informes. En los fundamentos señalaban que San Camilo, entre otras irregularidades graves, usaba conceptos como "adicto" y "subcultura criminal" en clara contraposición a los nuevos paradigmas de salud mental plasmados en la ley nacional 26.657 y la ley de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes.

En 14 de febrero en su Facebook, sobre la foto de Santiago, Galfré escribió: "El chico que ven en la foto se llamaba Santiago. Su madre, Lourdes, oriunda del Paraguay, me pidió que les informe que él, su hijo, Santiago Tobías Hellman Suárez, falleció en el Centro de Adicciones Soltar, de Ituzaingó, el 25 de enero pasado. Santi tenía tan sólo 17 años. Según la autopsia y los testigos, murió ahogado a las 15.15 en una pileta de 2 metros de profundidad. Otro menor, de tan sólo 15 años, lo encontró flotando. Pibitos encerrados en un centro clandestino de detención. Soltar, como indica una extraña regla, no estaba habilitado por el Ministerio de Salud. ¿Por qué Santi, de nacionalidad paraguaya y que estaba viajando a dedo a Mar del Plata, donde vivió hasta hace poco, estaba privado de su libertad en un manicomio de Buenos Aires? Por qué la Secretaría de Niñez de Santa Fe, la segunda provincia más rica de Argentina, lo encontró vagueando por las calles de la ciudad de Santa Fe y, como no cuentan con centros de salud o quién sabe por qué, lo deportó para estos lares, donde las “granjas” brotan. Una vez más, los Estados son responsables… Una vez más, una nueva investigación comienza...".

Tras el posteo La Capital se comunicó con la repartición que encabeza Patricia Chialvo en la provincia de Santa Fe, para preguntar por qué Santiago fue trasladado a un centro de Ituzaingó.

Quien contestó fue la subsecretaria de Prevención en Salud y Trayectorias Educativas de la Secretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, la médica pediatra Adriana Lusso.

"Porque estaba en situación de calle, Niñez de la Municipalidad de Santa Fe primero y de la provincia después toman la situación, se conectan con los referentes afectivos que no se hacen responsables, se sigue trabajando y se lo traslada, por su consumo problemático, estaba en un riesgo territorial grave", contestó la funcionaria.

-¿Qué significa riesgo territorial?

-Son casos de consumo problemático, de delincuencia. Son casos con avances y retrocesos; esta es una medida de protección, una estrategia de no más de cuatro o seis meses, luego seguimos trabajando la vuelta al territorio. Se trabajó con el Ministerio de Niñez de Paraguay y un Programa de Repatriación.

-¿No se puede hacer eso en Santa Fe?

-No hay suficientes centros que acepten a jóvenes con problemas de consumo. Y hay un convenio con Soltar, donde no estaba encerrado ni internado.

-No está ese centro en la página del Registro Único Provincial de Establecimientos de Salud (Rupes) de Buenos Aires ni hay web que muestre sus dependencias ni staff profesional.

-Es una comunidad terapéutica con la que se manejó la provincia desde que comenzó esta gestión. Yo la conozco.

-¿Cómo es?

-Una casa como cualquiera de estas casas con habitaciones, cocina, parque y equipos de trabajo. Es agradable.

-¿Hay más chicos alojados allí?

-Unos 6 o 7.

Enterada del caso de Santiago, la ex subsecretaria de Niñez (desde 2019 a agosto de 2021), Alejandra Fedele, dijo que este convenio era un "absoluto y peligroso retroceso", de la repartición.

"Estuvimos un año con una psicóloga y una abogada trabajando para terminar con los convenios de centros de rehabilitación en Buenos Aires porque había 28 pibes aislados en cuatro granjas, que yo misma visité durante una semana: eran horribles, estaban lejos, una de ellas en Olavarría, otra Los Naranjos, en San Pedro, nos hicieron juicio porque les sacamos a los pacientes de allí donde los hacían trabajar y los maltrataban y sus familias no tenían ni noticias de ellos", dijo la exfuncionaria.

Aseguró que a esos jóvenes se los revinculó con sus familias y se hizo un convenio con un centro santafesino, Nazareth, con varias sedes en la provincia.

Fedele fue aún más allá al decir que "no hay políticas de Estado para estas problemáticas y encima se paga mucho por cada plaza en un centro de rehabilitación". Algo más, calculó, de cien mil pesos por mes.

"La provincia se los saca de encima", dijo Fedele, del mismo modo que lo había denunciado Galfré en su libro al hablar de San Camilo, y que asoció con un "millonario negocio que pueden representar las granjas de rehabilitación en estrecha relación con la salud privada, obras sociales y Poder Judicial".

Investigan la muerte dudosa de un chico derivado a una granja no habilitada de Buenos Aires. ( Parte I .- Los Hechos ).

Santiago Tobías Hellman Suárez de 17 años y con consumo problemático de drogas deambulaba en la capital provincial, fue trasladado al Centro Soltar de Ituzaingó y a los días apareció ahogado

Por Laura Vilche, Diario La Capital

Esta historia, como casi todas, puede contarse por el principio o por el final. El principio dice que Santiago Tobías Hellman Suárez nació el 12 de agosto de 2005 en Asunción, Paraguay. Único hijo de Lourdes Hellman Suárez y con un papá con consumos problemáticos de alcohol y drogas. Un niño "inquieto, muy hablador, con carácter y fanático de Boca", según un amigo de la familia.

Vivió con su mamá en Paraguay y luego en Mar del Plata donde fue alumno de Jardín y primaria en la Escuela Municipal Nº 1 de La Feliz. Aprendió a nadar, a practicar surf en pequeñas tablas, a andar en patines y en rollers. La historia dice también que Santiago volvió a su país de origen con su mamá, comenzó a consumir drogas, se escapó varias veces de su hogar y en septiembre del año pasado deambulaba por la capital de Santa Fe cuando le dijo a un policía que le habían robado la mochila y los documentos.

Quedó a resguardo de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, se le tramitó un DNI y fue trasladado el 4 de enero de este año al Centro de Adicciones Soltar, de Ituzaingó, una entidad que no tiene página web con instalaciones o staff profesional alguno y no está habilitada por el Ministerio de Salud de Buenos Aires ( según confirmó a este diario la subsecretaría de Salud Mental de provincia de Buenos Aires).

El final de esta historia se escribe el 25 de enero de este año cuando Santiago, de 17 años, apareció ahogado en una pileta de 2 metros de profundidad en Soltar.

La autopsia del 27 de enero detalla el joven tenía un estado nutricional "regular", tez trigueña, cabellos cortos teñidos; nariz, boca y orejas medianas, una estatura de 1.80 metro y un peso aproximado de 80 kilos, dentadura completa, múltiples tatuajes en antebrazos y cuello y perforaciones en ambos lóbulos de ambas orejas. El médico de la policía Tomás Fogel infiere que su muerte se produjo 24 horas antes por paro cardíaco traumático y asfixia por sumersión.

El caso de Santiago abrió una investigación por "averiguación de causal de muerte", por parte de la Fiscalía 1, de Ituzaingó a cargo de Gabriela Milla, departamento judicial de Morón.

También abrió múltiples interrogantes sobre una problemática que parece repetirse después de seis años: la del traslado de jóvenes a comunidades terapéuticas de dudosos tratamientos, en provincia de Buenos Aires.

Es que en 2017, durante la gestión del socialismo, ya se había denunciado el traslado de 17 jóvenes a la Fundación San Camilo, de Pilar; un lugar varias veces denunciado por tener a pacientes en cautiverio y vulnerar sus derechos, y que fue clausurado.

De hecho un joven de 22 años murió por un suicidio en una "sala de contención" con psicofármacos, encierro y castigo. Y el año pasado un exempleado de seguridad del centro fue condenado a tres años de prisión de efectivo cumplimiento por homicidio culposo.

Los nuevos traslados como el de Santiago, reanudan la dinámica, ahora bajo la gestión peronista, de buscar tratamientos y contención para adolescentes y jóvenes con problemáticas de consumo y padecimientos subjetivos por fuera de la bota santafesina. ¿Por qué?

Descubren un centro clandestino de rehabilitación en Moreno y rescatan a 87 personas.

 ‼️ Una vez más, la peor cara de las políticas prohibicionistas-abstencionistas vuelve a golpearnos.

 😞 Lo hace porque, como consecuencia de tantos años de estigmatización, lxs usuarixs de drogas no le importan a nadie. Desde fines de los años ‘90 venimos planteando que “el encierro no cura”, denunciando de diferentes maneras las violaciones a los Derechos Humanos que ocurren en muchas Comunidades Terapéuticas.

 🚩 Estas prácticas sólo pueden mantenerse y permanecer en el tiempo por la deshumanización promovida por las leyes y las políticas de drogas vigentes a través de la equiparación que sostienen entre los términos ADICTO = VICIOSO = DELINCUENTE. Sólo así se entiende que se continúe con la vigencia de una ley de drogas que, desde que se puso en práctica, no cesó de incrementar los daños. Una ley que promueve la existencia de los lugares de encierro y una política de guerra a las drogas que avala la violación de los derechos de vastos sectores de la población a los que debería proteger.

 🔥 Ni faloperxs, ni drogadictxs: ¡ciudadanxs! ¡Esto no puede continuar sucediendo!

https://www.instagram.com/p/CoYYpLoJL0d

Otra vez el horror en un centro de rehabilitación: sospechan que torturaban y ataban a pacientes.

Tres encargados del centro Los Valientes de Moreno, que operaba sin habilitación, fueron detenidas por la división Trata de Personas de la PFA.

Este último domingo, la división Trata de Personas de la Policía Federal -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales- detuvo a tres encargados vinculados al centro de tratamiento de adicciones Los Valientes, ubicado en La Reja, partido de Moreno, tras las órdenes del fiscal Gabriel López, de la UFI N°7 de Moreno. 87 pacientes, diez de ellos menores de edad, fueron rescatados.

El centro operaba sin habilitación oficial, presuntamente sin médicos ni psicólogos. De acuerdo a los testimonios y pruebas en el expediente, se cree que los pacientes eran privados de libertad, atados y torturados, encerrados bajo llave. Vivían entre basura, con aguas servidas en los patios y paredes cubiertas de humedad. En el allanamiento, incluso, se encontró a un menor atado en una estructura que funcionaba como un gallinero. 

Los jóvenes rescatados fueron entrevistados por profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Víctimas del Delito de Trata, del Ministerio de Justicia. Entre estos relatos, surgió cómo supuestamente se atormentaba a los pacientes. Se habló de golpes, cortes incluso, privación de alimentos y hasta de episodios en donde los pacientes eran sumergidos a la fuerza en una pileta.

Había otras formas de control: los adictos aseguraron que solo podían ver a sus familiares cada tres semanas, siempre bajo la supervisión de los encargados del lugar. También, les permitían una llamada telefónica por semana.

Tras la inspección, se incautaron teléfonos celulares e historias clínicas. Los menores fueron restituidos a sus familiares y los mayores se retiraron del lugar en compañía de familiares. Así, el lugar fue clausurado. Luego, siete internos declararon en la fiscalía. El expediente está calificado bajo los delitos de asociación Ilícita, privación de la libertad, amenazas y lesiones.

Los presuntos tormentos se suman a otro hecho inquietante: un alto directivo de “Los Valientes” fue detenido en enero de este año por apuñalar a un hombre en una riña frente al lugar, un caso en manos de la fiscal Luisa Pontecorvo, según apunta el sitio Semanario Actualidad.

El centro de rehabilitación “Resiliencia San Fernando”en La Lonja, en Pilar, fue investigado en mayo de este año por una trama similar, con adictos que vivían en condiciones inhumanas, hacinados, con habitaciones de “castigo”, siendo dopados durante días y con prohibiciones para ver a sus familias.

Un incendio provocado por un paciente y donde murieron otros tres internos a comienzos de año destapó una oscura trama. Tres directivos y dos médicos, acusados de homicidio, reducción a la servidumbre, estafa y asociación ilícita.

En el expediente, a cargo del fiscal German Camafreita y el juez Nicolas Ceballos, quedaron reconstruidos los momentos previos al incendio que dio a pie a la investigación posterior. El 22 de febrero, a las 10.15, durante una reunión de grupo, uno de los internos, Nicolás Ortíz, tomó un cigarrillo con un encendedor y dijo que se iba a fumar. A los segundos, el resto de los pacientes comenzó a sentir olor a humo. Pasaron pocos minutos hasta que comenzaron a verse lenguas de fuego que, de a poco, destruyeron la estructura.

En el lugar no había matafuegos ni colchones ignífugos ni, mucho menos, un plan de evacuación.

Canadá despenaliza la posesión de drogas en un plan piloto a tres años.

Se trata de un proyecto en Columbia Británica que busca tratar las adicciones en lugar de encarcelar a los consumidores.

En respuesta a un pedido de la provincia de Columbia Británica, la ministra de Salud Mental y Adicciones de Canadá, Carolyn Bennett, dijo que el 31 de enero de 2023 entrará en vigor una exención a la ley para permitir la posesión de opioides, cocaína, metanfetamina y otras drogas duras, por un periodo de tres años.

Los adultos de esta provincia de la costa Pacífica no podrán ser arrestados ni enfrentarán cargos por posesión de dosis personales de hasta 2,5 gramos de drogas duras, y la policía no podrá confiscar el producto.

En lugar de eso, los usuarios recibirán información sobre cómo acceder a ayuda médica para las adicciones. "Durante demasiados años, la oposición ideológica a la reducción del daño ha costado vidas", dijo Bennett en una conferencia de prensa al anunciar el programa piloto.

El año pasado, 107.000 estadounidenses fallecieron como consecuencia de una sobredosis -récord histórico-, más de 70.000 por fentanilo o por su mezcla con otras sustancias y resulta que el problema también crece en Canadá.

Desde 2016 a 2021, el país registró 26.000 muertes por sobredosis. De ellas, 9.400 han ocurrido en Columbia Británica, la provincia más golpeada por esta crisis.

A partir de la entrada en vigor de la exención, los ciudadanos no podrán ser detenidos o investigados por la posesión de esas drogas en una cantidad inferior a 2,5 gramos, ni se les confiscarán las sustancias. La medida no aplicará en aeropuertos, centros educativos o para los miembros del ejército de Canadá.

"El número estremecedor de vidas perdidas por la crisis de los opiáceos requiere decisiones agresivas y cambios regulatorios importantes", defendió la funcionaria. "Eliminar penas criminales para aquellos que tienen cantidades pequeñas de drogas ilícitas para consumo propio reducirá el estigma y el daño y proporcionará otra herramienta para que Columbia Británica acabe con su crisis de sobredosis", consideró.

La medida no implica la legalización de esas sustancias, sino que quienes lleven pequeñas cantidades no sean perseguidos. A su vez, las autoridades les ofrecerán información y recursos para tratar su adicción.

"El consumo de droga es un problema de salud pública, no un problema criminal", defendió Sheila Malcolmson, ministra de Salud Mental y Adicciones de Columbia Británica, que añadió que esta medida combatirá el estigma que impide a aquellos con problemas a buscar ayuda.

Por su parte, Kennedy Stewart, el alcalde de Vancouver dijo que la decisión "replantea en forma fundamental la política de drogas para favorecer la asistencia sanitaria en lugar de las esposas".