Día mundial contra la depresión: avances y deudas de una ley que vino a desestigmatizar las enfermedades mentales.

Por Gimena Figueroa, de El Destape

La ley 26.657 fue aprobada en 2010 y reglamentada en 2013, con el objetivo de transformar el abordaje de la salud mental con una visión humanitaria e integral. La pandemia demostró que todos y todas podemos tener trastornos mentales y planteó la urgencia de su implementación. Hoy muchas jurisdicciones no la aplican y los presupuestos siguen siendo bajos. Cuáles son los logros y las deudas en la aplicación de una ley que lleva 10 años.

La pandemia del Covid-19 dejó a la vista en todo el mundo que la salud mental es un tema que nos atraviesa a todos y todas, y que el encierro solo profundiza los padecimientos mentales. Hoy, 13 de enero, Día Mundial contra la depresión, vuelve a plantearse en la Argentina cómo se está aplicando la Ley 26.657 de Salud Mental que hasta ahora tuvo grandes avances en el abordaje de la salud mental con una visión humanitaria e integral, pero siguen teniendo deudas pendientes. En nuestro país, la normativa fue aprobada en 2010 y reglamentada en 2013.

En este marco, la coordinadora de Salud Mental en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Macarena Sabin Paz, charló con El Destape y sostuvo que a 10 años de la reglamentación de la ley siguen estando en deuda el cierre definitivo de todos los manicomios, la conformación de una red fuerte de atención para terminar con la "salud como un gasto de bolsillo" y la perspectiva de género en el sistema sanitario en todo el país. Según la profesional, "la pandemia fue un visibilizador que comenzó a despatologizar muchas problemáticas vinculadas con la salud mental" y que "una condición de encierro y distanciamiento genera muchas manifestaciones y cuadros como depresiones y ansiedades que están dadas por esos contextos y no solamente por cuestiones estructurales". Sin embargo, todavía falta compromiso político y presupuesto para dar una respuesta efectiva de salud mental en todo el país y garantizar el derecho a todos y todas.

Una deuda pendiente: el fin del encierro como método de salud mental

Una de las metas más importantes de la ley es la transformación de los hospitales psiquiátricos monovalentes "manicomios"- instituciones de encierro- por un sistema de atención en salud mental de base comunitaria. Un decreto estableció que en 2020 venció el plazo para el cierre definitivo de los hospitales psiquiátricos (decreto 603/2013).

El objetivo de este punto viene a dar respuesta a una situación muy grave que hasta 2008 ocurría en el país: había 25.000 personas internadas sometidas a gravísimas violaciones a los derechos humanos por hacinamiento, abusos sexuales, abandono generalizado, infecciones y muertes por cuestiones absolutamente evitables, según el informe Vidas Arrasadas del CELS. Según el primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental de 2019, alrededor de diez años después de la ley, se registraron 12.035 personas internadas por salud mental. Un total de 8000 menos que en 2010.

A partir de esta situación, el Ministerio de Salud con apoyo del Ministerio de Obras Públicas, avanzó en siete jurisdicciones en la transformación de hospitales generales en dispositivos intermedios, guardias e internaciones, y está trabajando también en proyectos de transformación de hospitales monovalentes. Además, comenzó la construcción de los primeros “Nodos de cuidado en Red”, centros de salud de primer nivel de atención que tendrán un enfoque especial en relación a la salud mental e integral.

Sabin Paz celebró los avances, pero sostuvo que todavía muchas jurisdicciones siguen teniendo como deuda la implementación plena de esta medida. "En muchas provincias, incluida Buenos Aires, se avanza con presupuesto y decisión política y en otras todavía es una deuda pendiente", remarcó, en referencia a los manicomios que continúan con una metodología de trabajo relacionada al encierro.

En este sentido, sostuvo que es fundamental dos cuestiones claves para avanzar en el fin de los manicomios y la integración de las personas a la sociedad: por un lado, la amplitud de una red de atención que no sea de encierro y que no promueva la salud como un gasto de bolsillo. Y por otro lado, la garantía de un afuera amigable que no solo incluya vivienda digna, sino empleo y acceso a centros de atención comunitaria de cercanía para continuar el tratamiento de forma ambulatoria. "Es fundamental un acompañamiento para que las personas mantengan sus tratamientos y no deban ser nuevamente internadas por conflictos sociales", remarcó.

Hasta ahora la cartera sanitaria avanzó con la construcción de casas de medio camino en 15 jurisdicciones con el objetivo de la desinternación, por medio del programa “Habitar Inclusión” y también puso en marcha la construcción de otras 50 destinadas a la externación de todas y todos los usuarios de la Colonia Montes de Oca, el hospital psiquiátrico de Luján que a mediados de 2004 fue denunciado por la violación a los derechos humanos. En simultáneo, creó un Servicio Interdisciplinario de Enlace y abordaje Comunitario (SIENAC) que tiene el objetivo promover intervenciones de base comunitaria que garanticen continuidad de cuidados puntualmente a los usuarios y usuarias de este psiquiátrico en sus comunidades de referencia. "El encierro no solo profundiza las patologías sino genera un despojo total, que no solo incluye cuestiones afectivas y vinculares sino materiales y económicas porque una persona internada por años no tiene una vivienda ni recursos económicos", planteó Sabin Paz.

Por una salud que no sea un gasto de bolsillo

Por otro lado, la especialista se refirió a la atención primaria en salud mental que debería ser tratada como cualquier especialidad médica en todas los centros de salud generales y no exclusivamente de los hospitales psiquiátricos. “La salud mental no debe ser un lujo que nos podemos dar la gente de clase media que puede ir a un analista” porque “es un derecho como cualquier derecho a la salud y es una responsabilidad del Estado". E insistió: "No podemos permitir que una persona que no pueda pagar una analista se quede padeciendo o profundizando su padecimientos o situación más graves de consumos y depresiones".