Dos años de emergencia sanitaria impactaron en el equilibrio emocional de gran parte de la población. Además, pacientes ya diagnosticados tuvieron dificultades para mantener el tratamiento. Los expertos debaten si es necesario cambiar la Ley de Salud Mental en Argentina.
Aún es difícil estimar la magnitud de los efectos de la pandemia de COVID-19 en la salud mental global. El aislamiento social de los primeros meses, la incertidumbre frente al contagio y la gravedad de la infección, sumado al duelo por la pérdida de seres queridos, son sólo algunos de los elementos que pusieron en jaque el equilibrio emocional de cada individuo.
Además, para quienes ya había sido diagnosticados con algún trastorno mental antes de la irrupción del SARS-CoV-2, todo se hizo cuesta arriba. La dificultad para continuar los tratamientos, el corte abrupto de las rutinas sociales y los cambios bruscos en las pequeñas reglas de juego cotidianas, desestabilizaron aún más a quienes estaban en tratamientos de salud mental.
Recientemente, un estudio, publicado en la revista médica The Lancet, analizó la prevalencia mundial de la depresión y los trastornos de ansiedad en 204 países y territorios en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Encontró que la salud mental disminuyó drásticamente en ese año, con un estimado de 53 millones de casos adicionales de trastornos depresivos mayores y 76 millones de casos adicionales de trastornos de ansiedad observados en todo el mundo. Se encontró que las mujeres y las personas más jóvenes se vieron más afectadas que los hombres y los adultos mayores.
La doctora Susana Baldini, directora médica de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), destacó que “visibilizar los trastornos de salud mental es el primer paso para que todos como sociedad tomemos conciencia de su relevancia y de la importancia de su adecuado diagnóstico y abordaje integral”.
“Sin duda, la pandemia ha llevado a un incremento en el número de adolescentes que reportan tener algún problema de salud mental”, señaló José Benjamín Guerrero, jefe departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “No hay que olvidar que la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad en los adolescentes en el mundo”, insistió.
“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos mentales representan el 16 % de la carga mundial de enfermedades y lesiones en adolescentes”, dijo y agregó que la pobreza, el abuso y la violencia en sus diferentes formas son factores que hacen a los jóvenes más vulnerables a los problemas de salud mental.
En la Argentina, un estudio del CONICET de alcance nacional expuso el impacto que tuvo la pandemia en los problemas de salud mental. De acuerdo a esa investigación, el 47,2% de las personas consultadas contestó que tuvo algún “trastorno de ansiedad”, seguido por la “depresión” (36,8%) y afecciones de tipo “psiquiátrico” (14,0%). El informe “Salud, bienestar, coronavirus y vacunas según región y adscripción religiosa”, estuvo dirigido por la doctora en Ciencias Sociales, Gabriela Irrazábal (UNLP-UBA), del centro de estudios CEIL-Piette de CONICET.
La investigación corroboró que los padecimientos mentales se constituyeron en un mal de época durante el último año de coronavirus. Los participantes declararon haber padecido tres dificultades principales en su salud: las afecciones mentales encabezaron el primer lugar de las respuestas, y en segundo orden, las alergias (42,3%) y los problemas de la piel (34,7%), un tema con poco lugar en el debate público. El coronavirus se ubicó en el quinto lugar, con el 25% de quienes contestaron haber transitado la infección.
Frente a esta realidad, se abren los interrogantes sobre cómo puede responder el sistema sanitario y cuál es el papel del Estado para contener y mitigar este aumento exponencial de trastornos vinculados a afecciones mentales.
“En el último tiempo, profesionales y familiares de pacientes con diferentes patologías, solicitaron la revisión de la actual Ley de Salud Mental, ya que establece que la internación debe ser una excepción, cuando en realidad debe ser una habitualidad en el equipo interdisciplinario, debe estar en el arsenal terapéutico, al igual que el tratamiento ambulatorio, la terapia contextual y la psicoterapia”, dijo a Infobae Mario Clemente, presidente de la Fundación Observatorio para la Medicina Prehospitalaria.
La Ley 26.657, conocida como Ley de Salud Mental, asegura el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental. Fue sancionada el 25 de noviembre de 2010 y promulgada el 2 de diciembre de 2010. El eje de la ley es la desmanicomialización, esto implica que las personas con padecimiento mental deben ser tratadas en hospitales comunes y que las internaciones deben ser breves y notificadas al juez.
La Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia (AAFE), remarcó aspectos contemplados en la ley que terminan convirtiéndose en una traba para las familias.
La asociación, destacó que internación involuntaria exige “la existencia de riesgo cierto e inminente de la proximidad de un daño, que ya es conocido como verdadero, seguro e indubitable que amenace la vida o integridad física de la persona o de terceros” según la ley, pero “el riesgo cierto e inminente y conocido e indubitable es un requisito de muy difícil evaluación, más el esquema de doble responsabilidad hace casi imposible la internación. ¿No bloquea o dificulta esto el derecho humano de internar por su salud a una persona para sacarla de una crisis o para impedir que caiga en ella?”, cuestionó Rodolfo Campos, integrante de la Comisión Directiva de AAFE.
La Ley dispone, en el artículo 27, el cierre de lo que llama “monovalentes”, o sea clínicas y hospitales psiquiátricos, a los que tilda de “manicomios”. Este es uno de los mayores cuestionamientos que hacen las asociaciones de familiares de pacientes y los especialistas en psiquiatría.
La internación, si es necesaria, debe ser breve y previamente notificado al juez. “Esto se contradice con la realidad porque hay padecimientos que requieren un tiempo prolongado y no define qué es breve. La problemática de la ley de salud mental no es la aplicación de la misma, sino que no están creadas las infraestructuras y la capacitación de profesionales de la salud en hospitales o en su caso de efectores polivalentes”, remarcó Clemente.
Además, para quienes ya había sido diagnosticados con algún trastorno mental antes de la irrupción del SARS-CoV-2, todo se hizo cuesta arriba. La dificultad para continuar los tratamientos, el corte abrupto de las rutinas sociales y los cambios bruscos en las pequeñas reglas de juego cotidianas, desestabilizaron aún más a quienes estaban en tratamientos de salud mental.
La doctora Susana Baldini, directora médica de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), destacó que “visibilizar los trastornos de salud mental es el primer paso para que todos como sociedad tomemos conciencia de su relevancia y de la importancia de su adecuado diagnóstico y abordaje integral”.
“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos mentales representan el 16 % de la carga mundial de enfermedades y lesiones en adolescentes”, dijo y agregó que la pobreza, el abuso y la violencia en sus diferentes formas son factores que hacen a los jóvenes más vulnerables a los problemas de salud mental.
La investigación corroboró que los padecimientos mentales se constituyeron en un mal de época durante el último año de coronavirus. Los participantes declararon haber padecido tres dificultades principales en su salud: las afecciones mentales encabezaron el primer lugar de las respuestas, y en segundo orden, las alergias (42,3%) y los problemas de la piel (34,7%), un tema con poco lugar en el debate público. El coronavirus se ubicó en el quinto lugar, con el 25% de quienes contestaron haber transitado la infección.
Frente a esta realidad, se abren los interrogantes sobre cómo puede responder el sistema sanitario y cuál es el papel del Estado para contener y mitigar este aumento exponencial de trastornos vinculados a afecciones mentales.
Los trastornos y enfermedades mentales abarcan un abanico de patologías que afectan la salud integral de los pacientes, desde ansiedad, depresión, hasta afecciones más complejas, como la esquizofrenia, la demencia o el trastorno bipolar. El tratamiento médico de todas estas enfermedades tiene un marco jurídico en Argentina, la Ley 26.657, promulgada en 2010.
“En el último tiempo, profesionales y familiares de pacientes con diferentes patologías, solicitaron la revisión de la actual Ley de Salud Mental, ya que establece que la internación debe ser una excepción, cuando en realidad debe ser una habitualidad en el equipo interdisciplinario, debe estar en el arsenal terapéutico, al igual que el tratamiento ambulatorio, la terapia contextual y la psicoterapia”, dijo a Infobae Mario Clemente, presidente de la Fundación Observatorio para la Medicina Prehospitalaria.
La Ley 26.657, conocida como Ley de Salud Mental, asegura el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental. Fue sancionada el 25 de noviembre de 2010 y promulgada el 2 de diciembre de 2010. El eje de la ley es la desmanicomialización, esto implica que las personas con padecimiento mental deben ser tratadas en hospitales comunes y que las internaciones deben ser breves y notificadas al juez.
La Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia (AAFE), remarcó aspectos contemplados en la ley que terminan convirtiéndose en una traba para las familias.
La asociación, destacó que internación involuntaria exige “la existencia de riesgo cierto e inminente de la proximidad de un daño, que ya es conocido como verdadero, seguro e indubitable que amenace la vida o integridad física de la persona o de terceros” según la ley, pero “el riesgo cierto e inminente y conocido e indubitable es un requisito de muy difícil evaluación, más el esquema de doble responsabilidad hace casi imposible la internación. ¿No bloquea o dificulta esto el derecho humano de internar por su salud a una persona para sacarla de una crisis o para impedir que caiga en ella?”, cuestionó Rodolfo Campos, integrante de la Comisión Directiva de AAFE.
La Ley dispone, en el artículo 27, el cierre de lo que llama “monovalentes”, o sea clínicas y hospitales psiquiátricos, a los que tilda de “manicomios”. Este es uno de los mayores cuestionamientos que hacen las asociaciones de familiares de pacientes y los especialistas en psiquiatría.
La internación, si es necesaria, debe ser breve y previamente notificado al juez. “Esto se contradice con la realidad porque hay padecimientos que requieren un tiempo prolongado y no define qué es breve. La problemática de la ley de salud mental no es la aplicación de la misma, sino que no están creadas las infraestructuras y la capacitación de profesionales de la salud en hospitales o en su caso de efectores polivalentes”, remarcó Clemente.
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