Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones.
Declaración sobre el cierre de la Comunidad Terapéutica San Antonio
El Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones recibe con complacencia la clausura de la Comunidad Terapéutica San Antonio que oportunamente fuera denunciada por tres muertes dudosas y la violación a los derechos humanos ocurrida dentro de la institución, como consecuencia del ejercicio de la violencia psíquica y física aplicada como método terapéutico para la corrección disciplinaria de las personas usuarias afectadas por el consumo problemático de sustancias adictivas. Esto último solo puede ocurrir en la medida en que el Estado no interviene a tiempo para garantizar los derechos de las personas internadas por el uso problemático de drogas, legales o ilegales.
Es de destacar que un sinnúmero de comunidades terapéuticas se ha constituido en empresas cuyo fin principal es la obtención de lucro y han quedado invisibilizadas y por fuera del control del Estado, haciendo de la salud mental un objeto mercantilista.
Por otro lado, aún no se ha realizado ningún censo nacional que dé cuenta de la cantidad de personas internadas por uso problemático de drogas, las condiciones en las que se encuentran y que tipo de tratamiento reciben, en consonancia con los términos de la Ley Nacional de Salud Mental 26657.
Quién las habilita? Quién las audita? Quién lleva a cabo el control de legalidad?
Las comunidades terapéuticas han heredado los significantes que constituyeron los pilares fundantes del manicomio, por lo tanto, si el Estado no interviene en su control y acelera su adecuación, se comportan como neo- manicomios.
En muchos casos son pseudo cárceles cuyo objetivo es modificar la conducta por la vía de la privación de la libertad de circular como castigo, apelando a la internación como si fuera el cumplimiento de una sentencia penal, es decir como una condena encubierta que con frecuencia excede el máximo de la pena por el o los delitos del caso.
La ley Nacional de Salud Mental 26657, que explicita contundentemente la inclusión de las adicciones en el campo de la salud mental, expresa que las internaciones deben llevarse a cabo en los hospitales generales y por el menor tiempo posible. Esto en la mayoría de los casos no ocurre y el 2020, fecha de caducidad de los hospitales manicomiales incluyendo a las comunidades terapéuticas ya pasó, del mismo modo como sigue pasando el tiempo para los internados cuya vida personal, familiar y cultural, entre otras, se va deteriorando. El paradigma manicomial sostiene su continuidad en la ausencia de una red comunitaria de amparo y de dispositivos ambulatorios tales como hospitales de días y casas de convivencia que le permitan a las personas usuarias una mayor eficacia clínica con la mínima restricción posible de su vida social, cultural y económica para la recuperación de una autonomía saludable.
El sistema sanitario no puede aplicar penas encubiertas que se transformen en un castigo sanitario, en tanto procura otros objetivos, que son que las personas retomen el comando de su vida y puedan ejercer sus derechos.
- Asociación Civil Confluir - Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM) - Espacio Intercátedras Cátedra de Salud Pública y Salud Mental (I y II) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires - Asociación Argentina de Padres de Autistas (APADEA)- Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) - Asociación Civil Los Abuelos del Francés - Asociación de Psicólogos del Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (APGCABA) - Asociación Psicoanalítica Argentina (APA)- Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA)- Asociación de Reducción de Daños de la República Argentina (ARDA)- Asociación de Terapistas Ocupacionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ATOGBA) - Conferencia Basaglia Argentina
- Cooperativa de Trabajo La Huella - Grupo de Estudios sobre Salud Mental y Derechos Humanos (GESMYDH), Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA- Junta Interna de Delegados y Delegadas de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación - Maestría y Doctorado en Salud Mental Comunitaria del Departamento de Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) - Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba - Red Experiencia Santa Fe - Red Estratégica para el Desarrollo Social (REDES) - Unión de Personal Civil de la Nación, Seccional Públicos Nacionales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UPCN)
25 de junio 2021
El Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones recibe con complacencia la clausura de la Comunidad Terapéutica San Antonio que oportunamente fuera denunciada por tres muertes dudosas y la violación a los derechos humanos ocurrida dentro de la institución, como consecuencia del ejercicio de la violencia psíquica y física aplicada como método terapéutico para la corrección disciplinaria de las personas usuarias afectadas por el consumo problemático de sustancias adictivas. Esto último solo puede ocurrir en la medida en que el Estado no interviene a tiempo para garantizar los derechos de las personas internadas por el uso problemático de drogas, legales o ilegales.
Es de destacar que un sinnúmero de comunidades terapéuticas se ha constituido en empresas cuyo fin principal es la obtención de lucro y han quedado invisibilizadas y por fuera del control del Estado, haciendo de la salud mental un objeto mercantilista.
Por otro lado, aún no se ha realizado ningún censo nacional que dé cuenta de la cantidad de personas internadas por uso problemático de drogas, las condiciones en las que se encuentran y que tipo de tratamiento reciben, en consonancia con los términos de la Ley Nacional de Salud Mental 26657.
Quién las habilita? Quién las audita? Quién lleva a cabo el control de legalidad?
Las comunidades terapéuticas han heredado los significantes que constituyeron los pilares fundantes del manicomio, por lo tanto, si el Estado no interviene en su control y acelera su adecuación, se comportan como neo- manicomios.
En muchos casos son pseudo cárceles cuyo objetivo es modificar la conducta por la vía de la privación de la libertad de circular como castigo, apelando a la internación como si fuera el cumplimiento de una sentencia penal, es decir como una condena encubierta que con frecuencia excede el máximo de la pena por el o los delitos del caso.
La ley Nacional de Salud Mental 26657, que explicita contundentemente la inclusión de las adicciones en el campo de la salud mental, expresa que las internaciones deben llevarse a cabo en los hospitales generales y por el menor tiempo posible. Esto en la mayoría de los casos no ocurre y el 2020, fecha de caducidad de los hospitales manicomiales incluyendo a las comunidades terapéuticas ya pasó, del mismo modo como sigue pasando el tiempo para los internados cuya vida personal, familiar y cultural, entre otras, se va deteriorando. El paradigma manicomial sostiene su continuidad en la ausencia de una red comunitaria de amparo y de dispositivos ambulatorios tales como hospitales de días y casas de convivencia que le permitan a las personas usuarias una mayor eficacia clínica con la mínima restricción posible de su vida social, cultural y económica para la recuperación de una autonomía saludable.
El sistema sanitario no puede aplicar penas encubiertas que se transformen en un castigo sanitario, en tanto procura otros objetivos, que son que las personas retomen el comando de su vida y puedan ejercer sus derechos.
- Asociación Civil Confluir - Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM) - Espacio Intercátedras Cátedra de Salud Pública y Salud Mental (I y II) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires - Asociación Argentina de Padres de Autistas (APADEA)- Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) - Asociación Civil Los Abuelos del Francés - Asociación de Psicólogos del Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (APGCABA) - Asociación Psicoanalítica Argentina (APA)- Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA)- Asociación de Reducción de Daños de la República Argentina (ARDA)- Asociación de Terapistas Ocupacionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ATOGBA) - Conferencia Basaglia Argentina
- Cooperativa de Trabajo La Huella - Grupo de Estudios sobre Salud Mental y Derechos Humanos (GESMYDH), Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA- Junta Interna de Delegados y Delegadas de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación - Maestría y Doctorado en Salud Mental Comunitaria del Departamento de Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) - Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba - Red Experiencia Santa Fe - Red Estratégica para el Desarrollo Social (REDES) - Unión de Personal Civil de la Nación, Seccional Públicos Nacionales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UPCN)
25 de junio 2021
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