El GOBIERNO ARGENTINO ENVIARÁ AL CONGRESO UN PROYECTO PARA BAJAR A 15 AÑOS LA EDAD DE IMPUTABILIDAD.!!!

La baja repercusión negativa que tuvo la implementación de las pistolas Taser incentivó a la Casa Rosada a avanazar en otras iniciativas. Quieren que se trate en febrero. La baja repercusión negativa que tuvo la implementación de las pistolas Taser en aeropuertos y trenes parece haber decidido al Gobierno a avanzar en algunos proyectos que parecían cajoneados. Uno de ellos es el nuevo Régimen Penal Juvenil, un pedido que Mauricio Macri les había hecho a sus asesores en materia de Justicia en 2017 y que quedó postergado por la campaña electoral legislativa de ese año, recobró impulso en las últimas horas, Y ahora el Presidente planea enviarlo al Congreso para intentar reunir consenso con la oposición y aprobarlo durante las sesiones extraordinarias de febrero. La principal novedad en la letra del texto, al que tuvo acceso Clarín, tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad: de 16 años pasará a 15, para los delitos más graves; y no a 14 como impulsaba el sector más duro. La información fue confirmada a Clarín por altas fuentes oficiales. Más: el tema estuvo sobre la mesa en el almuerzo que compartieron los ministros en Casa Rosada y, ante la ausencia de Macri por sus vacaciones, encabezó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. La decisión de enviar el proyecto, que el ministro de Justicia, Germán Garavano; ya tiene listo hace meses, se reflotó luego de que se evaluara la buena recepción que había tenido el anuncio de la compra de las Taser, un aspecto que un año electoral suele ser determinante. En el Gobierno hablan de un “cambio cultural” que permite plantear algunos debates que, años atrás, generaban prurito a la clase política. Fue, precisamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich quien junto a Garavano hablaron del tema en el cónclave del viernes. La funcionaria, que pretendía que la edad de imputabilidad bajara a 14 años, le había dado su conformidad al ministro para que quede en 15 años, porque, según cuentan cerca suyo, entiende que lo mejor es que salga un proyecto que reemplace a la Ley 22.278, vigente desde 1980, en plena dictadura. Con las diferencias de criterio internas ya saldadas, y la carta de que se trata de una baja de imputabilidad más moderada que la prevista inicialmente, en el oficialismo aspiran a que el consenso con un sector del peronismo federal les permita avanzar en el Congreso. Y descuentan que el kirchnerismo se opondrá. El proyecto prevé un sistema de escalas, según la edad. A los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves: homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego. En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años. En todos los casos, como se apunta en el artículo 50 del proyecto, se establece que 15 años será el “plazo máximo” de prisión se le podrá imponer a adolescentes y se deja claro que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los menores. Además se incorporan "mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos", como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima. Pero el proyecto no se limita sólo a los casos de los jóvenes que pueden ser declarados imputables. Movilizados por el impacto que provocó el caso de “El Polaquito”, el chico de 12 años que según dijo en una entrevista televisiva mató a un “transa” que no le quiso dar droga y fue acusado de robar en un jardín de infantes en Lanús, quienes trabajaron en las ocho mesas de trabajo que trazó el Ministerio de Justicia incluyeron, en los artículos 85 y 86 del proyecto, la “respuesta a inimputables” que tiene que dar el Estado. De ese modo, en los casos en que la “investigación preliminar” determine que fue un menor de 15 años quien cometió un delito reprimido con pena máxima de diez años, se dispondrá que un equipo interdisciplinario -integrado por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales- elabore un plan individual para acompañar al joven en su recuperación y evitar que avance en la carrera delictiva. “Hoy un joven de 18 años que comete un delito, probablemente haya comenzado a delinquir desde muy joven, pero recién tiene su primer contacto con el Estado cuando va preso a una cárcel de mayores. Si se lo acompaña antes, tal vez eso se pueda evitar”, razonan en el Gobierno. “Esto plantea un cambio de paradigma. Hoy hay un modelo tutelar, en el que el juez decide discrecionalmente. Proponemos adecuar la ley a la Constitución y a los parámetros internacionales, dijo a Clarín el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez. El único punto que Macri deberá definir antes de enviar el proyecto gira en torno a los plazos máximos para la aplicación de la ley, que prevé la creación de un Fuero de Menores y establecimientos donde alojar a los jóvenes privados de su libertad. “Hay provincias que están más avanzadas que otras. En algunas puede ser casi de forma inmediata y en las más atrasadas puede llevar varios años”, explican. Para definir cada situación, en un esquema progresivo, se conformará una “Comisión de Implementación”. Tanto el Gobierno nacional como los gobernadores saben que el proyecto requiere de fondos adicionales. María Eugenia Vidal, que gobierna el distrito más caliente y con mayor incidencia de los jóvenes en el delito, fue la primera en plantearlo y pedir tiempo para adaptar el ya colapsado sistema penitenciario bonaerense. A continuación la opinión sobre el tema del Staff Profesional de nuestra Fundación.Si bien es cierto que es necesario una reforma respecto del régimen penal juvenil, como se menciona en la nota, todavía rige la Ley 22278 (también conocida como Ley de Patronato) que establece, entre otras cuestiones, que el Juez interviniente puede "disponer" del menor y que es contraria a la Convención de los Derechos del Niño, a la que el Estado adhirió en 1994, incorporándola a la Constitución Nacional y adquiriendo, por tanto, su mismo rango. La reforma propuesta pone el mayor acento en la baja de la edad de imputabilidad, lo que por sí sólo no modifica la cuestión de fondo de la tan mencionada "inseguridad". El mismo artículo afirma que el Gobierno plantea "hoy un joven de 18 años que comete un delito, probablemente haya comenzado a delinquir desde muy joven, pero recién tiene su primer contacto con el Estado cuando va preso a una cárcel de mayores. Si se lo acompaña antes, tal vez se pueda evitar", ¿no tendríamos que preocuparnos, mejor aún, ocuparnos, de que "el primer contacto con el Estado" no sea "la cárcel", es decir, la respuesta punitiva y garantizar la presencia del Estado en otros ámbitos y desde el primer día de cada ciudadano? Es curioso que justamente a poco más de dos semanas de que se discutiera el cierre de 14 colegios comerciales nocturnos en la Ciudad de Buenos Aires, que precisamente es la única oportunidad de comenzar o finalizar el secundario para la población más vulnerable de entre 14 y 18 años, que no está contemplada en otras ofertas educativas para tal fin (para los CENS y Adultos 2000, los otros dos programas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hacer el secundario, hay que tener 18 años cumplidos para poder inscribirse) la preocupación del Gobierno sólo se centre en el "contacto" que el Estado tiene a nivel punitivo, cuando son esos otros "contactos" (educación, salud, recreación, trabajo, etc.) la única opción preventiva realmente posible a la delincuencia juvenil. Si el Estado tuviera esos otros "contactos" con la población que ve vulnerados todos los días sus derechos, no necesitaríamos regímenes penales más duros. Si no empezamos a actuar en otro sentido, terminaremos como el chiste de Quino que, a pesar de tener varios años, sigue igual de vigente.

Veamos una entrevista realizada por TN, un medio de comunicación local, a una víctima de un robo motochorro, esta entrevista nos muestra otra forma posible de entender la inseguridad.